Antecedentes: Los esbozos de una actividad bancaria, en el sentido moderno de la palabra, se inician en Venezuela con los primeros años de la Independencia. En 1825, a instigación de José Rafael Revenga, el Congreso de la Gran Colombia decretó el establecimiento en Caracas, de un Banco de Venezuela, con un capital de 2.000.000 de pesos. Pero el estancamiento de la economía, producto de la larga Guerra de Emancipación, así como la velada oposición de los intereses caraqueños hacia cualquier decisión tomada desde Bogotá, impidieron que este primer instituto bancario llegara a concretarse. En 1834, John Alderson, a nombre de la Sociedad Económica de Amigos del País, elaboró un nuevo proyecto para la creación, en Caracas, de un Banco Mercantil de Descuento y Depósito, con un capital de 1.000.000 de pesos, que también se llamaría Banco de Venezuela y que tendría la facultad de recibir en depósito el «...dinero efectivo de la nación y las obligaciones por cuenta de derechos de importación para su cobro...», así como la de emitir billetes al portador y de otorgar créditos «...a los agricultores deseosos de desarrollar el cultivo de la tierra y de incrementar la producción...». Pero, una vez más, este proyecto quedó sólo como tal. La Ley de Libertad de Contratos (10.4. 1834), al ofrecer nuevas garantías para la inversión extranjera, así como las condiciones favorables existentes en los mercados exteriores, ayudaron a impulsar la economía del país. Nuevas perspectivas se vislumbraron para la actividad bancaria, aunque exclusivamente referidas a los intereses del sector mercantil. En efecto, el proyecto promovido en 1838 por la Sociedad de Agricultores, para la creación de un Banco de Caracas, dirigido a satisfacer las necesidades crediticias de los hacendados, no logró reunir el apoyo de los capitalistas. De hecho, el primer banco que abrió sus puertas en Venezuela fue el Banco Colonial Británico, establecido en Caracas, como dependencia del Banco Colonial de Londres, con un capital de 330.000 pesos, el 29 de julio de 1839. Bajo la gerencia de Leandro Miranda, hijo del Generalísimo Francisco de Miranda, y de William Ackers, el Banco Colonial Británico fue autorizado para recibir depósitos, extender préstamos al 12% anual, descontar letras del Tesoro Público, negociar giros, emitir billetes y sobre todo, servir de intermediario para atender el servicio de la deuda pública externa. Las vinculaciones del Banco Colonial con el capital foráneo, así como la posición privilegiada que se le atribuía en cuanto al uso de los dineros nacionales para fines del pago de la deuda externa, suscitaron un amplio debate que tuvo como resultado que el 17 de mayo de 1841, bajo la iniciativa de Juan Nepomuceno Chaves, William Ackers, Juan Elizondo y Adolfo Wolff, el Congreso Nacional dispusiera el establecimiento de un Banco Nacional de Venezuela, con un capital de 2.500.000 pesos, suscrito en un 20% por la Hacienda Nacional y en un 80% por sectores particulares, con sede en Caracas y agencias en Angostura, Cumaná, Barcelona, Puerto Cabello y Barinas o Guanare. Este organismo quedaba autorizado para servir al gobierno en todo lo relacionado con la recaudación del ingreso aduanero, efectuar pagos por cuenta del Tesoro y reducir la tasa de interés a un 9% anual. Al estallar la crisis económica de 1842-1843, el Banco Nacional pronto se convirtió en el blanco de la prensa de oposición, particularmente en las columnas de El Venezolano de Antonio Leocadio Guzmán, donde se le acusaba de ser el instrumento de «logreros» y «usureros». Al mismo tiempo, la idea de crear un Instituto de Crédito Territorial, promovida por el licenciado Francisco Aranda, en 1845, con el objeto de regularizar los créditos para la agricultura y la ganadería, contó con el veto del presidente Carlos Soublette quien se negaba a «...proteger un núcleo particular como era el de los agricultores y criadores...», con los fondos públicos «...producto de la contribución de todos los ciudadanos...». De hecho, tanto el Banco Colonial Británico como el Banco Nacional de Venezuela, no lograrían sobrevivir la crisis de 1848 que llevó a la derogación de la Ley de Libertad de Contratos (28.4. 1848) y a la promulgación de la nueva Ley de Espera y Quita (10.4.1849) que, en la práctica, establecía una moratoria general para el pago de las deudas contraídas. El Banco Colonial, con una cartera de créditos morosos que sumaban 359.000 pesos, cerró sus puertas a mediados de 1849 y el Banco Nacional de Venezuela fue suprimido por decreto del Congreso el 23 de marzo de 1850; el Gobierno británico exigió reparación del Gobierno venezolano por las pérdidas incurridas. Ante la amenaza de un bloqueo naval (febrero-marzo 1850), el presidente José Tadeo Monagas accedió a compensar a los acreedores, tanto británicos como nacionales, con bonos del Estado, liquidando así, con la transformación de una deuda privada en una deuda pública, la primera etapa de actividad bancaria en Venezuela.

Los años de caos: En 1855, se constituyó en Caracas una Compañía de Accionistas, con un capital de 600.000 pesos que recibió el derecho de emisión, prestaba y descontaba al 1% mensual y fue autorizada a recaudar el producto de las aduanas por cuenta del gobierno nacional, mediante una comisión del 4% anual. Su duración fue efímera. El 17 de octubre de 1861, en plena Guerra Federal, siendo jefe supremo de la Nación el general José Antonio Páez, se creó un nuevo Banco de Venezuela, también denominado «Banco de la Dictadura», constituido con un capital de 12.000.000 de pesos, representado en gran parte, por bonos de la deuda pública, «...un andamiaje de papel que no garantizaba su estabilidad...». El banco se comprometía a prestar al Tesoro Nacional 4.240.000 pesos en remesas mensuales de 130.000 pesos, recibiría parte de la renta aduanera, cambiaría los billetes de antiguas emisiones por sus propios billetes y en la cuenta corriente, abriría un cómputo mutuo de interés entre el gobierno y el banco de un 1% mensual. Sin embargo, el banco pronto se vería en la imposibilidad de satisfacer los compromisos contraídos, siendo liquidado el 30 de noviembre de 1862. Parte de sus activos fueron transferidos a otra institución financiera, promovida por el secretario general Pedro José Rojas y dirigida por Carlos Hahn y G. Servadio, que se denominó Banco de Caracas y que inició sus actividades el 1 de diciembre de 1862 con un capital de 134.000 pesos, pero que no logró sobrevivir a la firma del Tratado de Coche (abril 1863). Bajo el nuevo gobierno de la Federación y debido a las influencias ejercidas por el general Antonio Guzmán Blanco en su carácter de agente fiscal de Venezuela en Londres, intereses británicos promovieron, en 1864, la creación del Banco de Londres y Venezuela Ltd., con el propósito de estimular el comercio entre Venezuela y Gran Bretaña. Con un capital fijado en 500.000 libras esterlinas, el banco abrió sus puertas en Caracas el 1 de enero de 1865, bajo la dirección de Juan Róhl, uno de los principales representantes de los accionistas venezolanos. Bajo la acusación de retener capitales en vez de ponerlos a circular y de efectuar transferencias de fondos fuera del país, el banco tomó la decisión de cesar sus actividades a mediados de 1867.

El Estado y el aparato bancario nacional: Con la llegada al poder del general Antonio Guzmán Blanco (27.4. 1870), la actividad bancaria en Venezuela no volvió a sufrir interrupciones. Bajo el impulso del nuevo gobierno, se creó en Caracas, por decreto del 19 de diciembre de 1870, una Compañía de Crédito, sin capital determinado, con «...el objeto de proporcionar al Ejecutivo anticipos sobre las rentas públicas y de facilitar las demás operaciones fiscales...». La compañía de crédito podía emitir billetes hasta por el monto de la cantidad suplida en cada mes a la Tesorería, garantizados por la recaudación del producto de las aduanas. Otras compañías de crédito, que funcionaron bajo el mismo esquema, se crearon en La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo, aunque su existencia fue de corta duración. Guzmán Blanco, sin lugar a dudas influenciado por la doctrina saint-simoniana, consideraba esencial el mantener una estrecha y permanente vinculación entre un aparato bancario, aunque rudimentario y las necesidades crediticias del Estado, incluyendo el fomento de obras públicas, intentando así independizar, en el caso de Venezuela, el gasto corriente de los adelantos otorgados por las casas comerciales y tratando de limitar, de igual manera, el recurso, siempre impopular, de los empréstitos forzosos. Por ello, la Compañía de Crédito, ligada desde su fundación a la acción político-administrativa del Estado, al ser eliminada por acuerdo establecido con el gobierno el 30 de junio de 1876, vio su liquidación inmediatamente encomendada a un primer Banco de Caracas, creado en julio de 1876 con un capital de 160.000 venezolanos. Este banco, al igual que su antecesor, era una sociedad mercantil privada, aunque funcionaba, de hecho, como auxiliar de la Tesorería Nacional, siendo por lo tanto, considerado como una prolongación del aparato gubernamental. El Banco de Caracas inició sus operaciones abriéndole al gobierno un crédito de 240.000 venezolanos, pero tuvo que ser liquidado en julio de 1877, «...dado que sus arcas estaban prácticamente vacías, en razón de haber tenido que atender las exigencias del ejecutivo...», particularmente apremiantes durante los primeros meses de la administración del general Francisco Linares Alcántara. En este contexto, en agosto de 1877, se organizó un segundo Banco de Caracas, con un capital aumentado a 327.000 venezolanos y cuyos estatutos prohibían extender créditos a particulares, sin previa autorización de los accionistas reunidos en Asamblea General. Este segundo Banco de Caracas subsistió hasta 1879, lapso durante el cual se acrecentó el monto de las deudas del gobierno para con la entidad, llevando los poderes públicos a tomar la decisión de interrumpir sus cuentas con la institución, cuya liquidación se prolongó hasta 1881. En febrero de 1879, comenzaron a celebrarse negociaciones acerca de la formación de un tercer Banco de Caracas, con un capital de 260.000 venezolanos, suscrito en parte, por el propio Guzmán Blanco, nuevamente encargado del Poder Ejecutivo. Este tercer Banco de Caracas aseguró el relevo de las operaciones de su antecesor y homónimo hasta su propia liquidación, el 1 de marzo de 1884, encomendada a una nueva entidad: el Banco Comercial de Venezuela. Fundado en Caracas, en marzo de 1883, por iniciativa del general Manuel Antonio Matos, concuñado de Guzmán Blanco, con un capital de Bs. 3.200.000, el Banco Comercial de Venezuela estuvo originalmente destinado a satisfacer exclusivamente las necesidades del sector mercantil privado. Sin embargo, a partir de 1884, una cláusula modificó dichos propósitos al autorizar la realización de transacciones con el gobierno. Como banco emisor y auxiliar del fisco nacional, el Banco Comercial de Venezuela fue aumentando sus actividades hasta extender nuevamente su línea de crédito hacia el sector privado, mediante una ampliación de su capital a Bs. 8.000.000, con la incorporación de nuevos accionistas y un cambio de razón social, el 1 de agosto de 1890, adoptando el nombre de Banco de Venezuela, que ha mantenido hasta hoy. Paralelamente con el incipiente desarrollo de un aparato bancario, vinculado de manera privilegiada con el Estado, sectores ligados al comercio y a la naciente industria manufacturera promovieron la creación de nuevas entidades: el Banco de Maracaibo, con un capital de Bs. 160.000, que abrió sus puertas en la capital zuliana el 20 de julio de 1882; el Banco de Carabobo (1883), fundado en Valencia por Domingo A. Olavarría, adquirido en 1890 por el Banco de Venezuela y el Banco Caracas, (23.8.1890), fundado por el propio Manuel Antonio Matos con un capital de Bs. 6.000.000. Matos, quien también es accionista del Banco de Venezuela, asegura, de hecho, la vinculación entre las 2 instituciones financieras más importantes del país para el momento. Tanto el Banco de Venezuela, como el Banco Caracas y el Banco de Maracaibo gozan del derecho de emisión. Los estatutos del Banco de Maracaibo prohíben el celebrar transacciones con el gobierno y el Banco Caracas se consolida sin relaciones particulares con el Estado. Entre los accionistas de los 3 bancos figuran los nombres de las grandes casas comerciales instaladas en la capital o en los principales puertos del país. Sin embargo, la existencia de este embriónico sistema financiero no lograría, en sus inicios, cambiar el cuadro global de las estructuras crediticias de Venezuela. Los billetes emitidos por estos 3 bancos tienen una limitada circulación fuera de los principales centros urbanos. Las casas comerciales, generalmente de origen extranjero, siguen controlando las operaciones financieras relacionadas con la producción agrícola y la exportación de sus principales rubros (café, cacao y cueros). La legislación bancaria, sistematizada a partir de 1895, definía a 4 tipos de instituciones: los bancos de giro y préstamos; los bancos de comercio facultados para recibir depósitos; los bancos de emisión, que gozaban del privilegio de emitir sus propios billetes y los bancos hipotecarios y de crédito agrario. Estos últimos nunca llegaron a constituirse, pese a la elaboración de numerosos proyectos presentados ante los poderes públicos entre 1877 y 1916. En materia bancaria, el criterio del Ejecutivo sólo giraba en torno a la preocupación de conseguir los fondos necesarios a corto plazo para alimentar el gasto corriente. Las frecuentes crisis de tesorería de los diferentes gobiernos provocaron numerosos enfrentamientos con las instituciones financieras existentes. En 1888, Guzmán Blanco intentó así desplazar el Banco Comercial de Venezuela, al proponer el establecimiento en el país de un Banco Franco-Egipcio, respaldado por capitales franceses. De igual manera, en 1893, el gobierno de Joaquín Crespo buscó una fuente alterna de crédito con un contrato para el establecimiento de un Banco Comercial Anglo-Venezolano. En 1897, un proyecto de Banco Nacional de Venezuela proponía, de hecho, la absorción del Banco de Venezuela por parte del Disconto Gesellschaft que, el año anterior, había otorgado un cuantioso empréstito a Venezuela. A comienzos del año 1900, la negativa de los directivos del Banco Caracas y del Banco de Venezuela en suministrarle sumas adicionales al nuevo gobierno de Cipriano Castro, provocó como represaba el arresto de los banqueros y su encierro en la cárcel de La Rotunda. Los proyectos fomentados por inversionistas extranjeros para la creación de nuevos bancos en Venezuela durante este período, al aprovecharse de estos enfrentamientos, buscaban de hecho, asegurarse el respaldo del Ejecutivo para lograr una posición privilegiada que les asegurara a su vez el control de los ingresos del fisco nacional, invocando, en algunos casos, el pretexto de desarrollar la agricultura, la cría o planes de colonización. Ninguno de estos proyectos (se contaron 8 entre 1892 y 1899) logró prosperar. La sujeción de la actividad bancaria a los avatares de una inestabilidad política crónica no podía sino desvirtuar el propósito para el cual se fundaba un banco y poner trabas al desarrollo de un verdadero aparato financiero en el país. La necesidad de modernizar la estructura bancaria venezolana llevaría al gobierno del general Juan Vicente Gómez, el 25 de junio de 1910, a promulgar una nueva Ley de Bancos y a aprobar la fundación de un Banco Comercial, Agrícola e Hipotecario, que tomaría bajo su responsabilidad las operaciones de Tesorería Nacional que venía celebrando el Banco de Venezuela. El encargado del proyecto, general Román Delgado Chalbaud, planteó la necesidad de buscar para ello el apoyo del capital extranjero, estableciendo contactos con un grupo de capitalistas franceses representados por el financista y aventurero Paul Bolo, conocido también como «Bolo Pachá». El proyecto original de Delgado Chalbaud fue modificado en el sentido de crear un Banco Nacional de Venezuela que funcionaría, de hecho, como un banco central de emisión y un Banco Territorial que tendría la exclusividad de todas las operaciones hipotecarias en el país. La controversia desatada en torno al asunto se extendió hasta noviembre de 1911, cuando Gómez tomó la decisión de cancelar las negociaciones en curso por considerarlas lesivas a los intereses de la soberanía nacional. El sistema bancario venezolano sólo empezaría a evolucionar con la llegada del petróleo.

La formación de un sistema financiero nacional: El inicio del proceso de inversión en la nueva industria petrolera, unido a la necesidad de obtener capitales para reemplazar los que antes aportaban las casas comerciales, particularmente las casas alemanas del occidente de Venezuela que ven sus actividades paralizadas en los últimos años de la Primera Guerra Mundial, lleva a la creación del Banco Comercial de Maracaibo (1.9.1916) y sobre todo, a la instalación en el país, tanto en Caracas como en Maracaibo o Valencia, de las primeras filiales de los grandes bancos internacionales: el Royal Bank of Canada (2.10.1916); el National City Bank of New York (10.11.1917) (actualmente Citibank) y el American Mercantile Bank (1917), siendo absorbido este último instituto por el Royal Bank en 1925. Los bancos extranjeros tuvieron un gran impacto en el país, por la competencia que significaron para los bancos criollos, así como para las casas comerciales. El aumento en los suministros de fondos y en la disponibilidad de los servicios bancarios contribuyó a la baja de las tasas de interés y de los costos de los servicios financieros. Pero, si bien los bancos extranjeros no se beneficiaron del derecho de emisión de papel moneda, gozaban sin embargo de una gran ventaja sobre sus competidores nacionales, ya que podían depender de las cuentas de capital de sus casas matrices para cualquier tipo de contingencia. Por ello una seria crisis interna afectó al Banco de Venezuela, provocando un cambio en su equipo gerencial (1916-1917), una modificación de sus estatutos administrativos (1920) y la necesidad de un aumento en su capital, de Bs. 12.000.000 a Bs. 24.000.000 (1920). La expansión del aparato bancario en Venezuela se mantuvo en la década de 1920, con la creación del Banco Holandés Unido (13.3.1920), del Banco Venezolano de Crédito, fundado por Henrique Pérez Dupuy (4.6.1925) y del Banco Mercantil y Agrícola (15.7.1926), acompañando una duplicación en el volumen de los depósitos recaudados entre 1925 y 1929. Al mismo tiempo, los poderes públicos promovieron la creación de 2 entidades bancarias, el Banco Agrícola y Pecuario (3.6.1928) con un capital de Bs. 30.000.000 y sede en Maracay, destinado a financiar el crédito agropecuario y el Banco Obrero (30.6.1928) con un capital inicial de Bs. 6.000.000 y sede en Maracay, dedicado a facilitar la adquisición de viviendas a los obreros. Después de 1936, ambas sedes fueron transferidas a Caracas. La creación del Banco Agrícola y Pecuario obedece a una vieja aspiración, pero ocurre en momentos en que el sector dinámico de la economía venezolana ya no es el agro-exportador y, de hecho, gran parte de los créditos solicitados ante este instituto sirven para cancelar hipotecas previamente contraídas. El Banco Obrero, por su parte, ayuda a financiar una serie de proyectos de construcción de viviendas en las urbanizaciones de San Agustín del Sur, Jardines del Valle, Agua Salud y Catia, en Caracas, así como en varias ciudades del interior. La crisis económica mundial, iniciada en 1929, afectó principalmente a los bancos extranjeros establecidos en el país, pese a la creación del Anglo-South American Bank Ltd. (1.8.1936) y liquidó el papel de intermediarios financieros desempeñado por las casas comerciales, reorientándolas hacia otro tipo de actividades. La formación y conducción del sistema financiero nacional reposaría, de ahora en adelante, en el aparato bancario y sus 2 elementos promotores: el Estado y los capitales privados. Es el Estado quien toma las primeras iniciativas con la creación del Banco Industrial de Venezuela (23.7.1937), institución originalmente concebida como de capital mixto, pero en la cual el Estado elevará gradualmente su participación mayoritaria y sobre todo, con la creación del Banco Central de Venezuela (15.8.1940), cuyo proyecto de ley, sancionado el 13 de julio de 1939, es el producto de un largo debate (1936-1939). El Banco Central de Venezuela adquiere el derecho exclusivo de emisión de billetes en el país. Sus objetivos comprenden la centralización de las reservas monetarias, la regulación del comercio del oro y divisas, la administración del encaje legal mínimo de los bancos, la iniciación de un sistema de descuentos y el funcionamiento de una cámara de compensación. Esta centralización de las reservas monetarias provocará un litigio con el Banco Venezolano de Crédito, cuyo presidente, Henrique Pérez Dupuy, se niega a entregarle al Banco Central la parte de encaje-oro del Banco Venezolano de Crédito que no estaba vinculada al respaldo de los billetes emitidos por ese instituto. El asunto es llevado ante los tribunales que fallan a favor del Banco Venezolano de Crédito (1945). El Banco de Venezuela, por su parte, aunque pierde su posición privilegiada como auxiliar de la Tesorería Nacional, sigue siendo el único banco encargado de la recaudación y de los pagos de los fondos públicos, situación que mantendrá hasta fines de la década de 1970. Bajo la presidencia del doctor Jesús María Herrera Mendoza, ex presidente del Banco Mercantil y Agrícola, el Banco Central de Venezuela inicia sus actividades el 15 de octubre de 1940 como una empresa de capital mixto (50% del Estado y 50% privado). El 24 de enero de 1940, se promulga una nueva Ley de Bancos que define la estructura y operaciones del sistema financiero venezolano, creando, además, una Superintendencia de Bancos, adscrita al Ministerio de Hacienda, así como un Consejo Bancario Nacional, encargado de coordinar la política bancaria de las diferentes instituciones existentes en el país.

Expansión y desarrollo de la banca: La expansión económica del período de la postguerra, hasta 1957, se refleja en Venezuela a través del auge del aparato bancario. Entre 1945 y 1957, se crearon 19 bancos comerciales privados, contando con capital tanto nacional como extranjero, extendiendo sucursales y agencias por todos los centros comerciales del país, ilustrando así el incremento en circulación monetaria y las nuevas exigencias financieras, particularmente en el mercado de la construcción, promovido por las obras del gobierno perezjimenista. Al mismo tiempo, creada en 1947, la Corporación Venezolana de Fomento, junto con el Banco Industrial de Venezuela, auspiciaría entre 1950 y 1957, la fundación de 6 Bancos de Fomento Regional, institutos de crédito del sector público, cuya finalidad es la de extender los servicios bancarios al interior del país y efectuar operaciones de fideicomiso como agentes financieros de la corporación. Cabe señalar sin embargo, que pese a estos esfuerzos de descentralización, la concentración de las colocaciones bancarias se sigue manteniendo en el área metropolitana de Caracas. El receso económico que acompaña, en Venezuela, la crisis política provocada por el derrocamiento del régimen perezjimenista (23.1.1958), abre una nueva etapa de reacondicionamiento del sistema bancario. De 1961 a 1963, se cerraron 30 oficinas bancarias. Por primera vez en décadas, los bancos comerciales presentaron pérdidas y uno de ellos, el Banco del Táchira, tuvo que ser intervenido por la Superintendencia. Con el fin de iniciar un proceso de recuperación y sobre todo, de impulsar un sistema crediticio a largo plazo, se promulgó una nueva Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédito (13.2.1961), cuyos propósitos esenciales fueron los de favorecer la especialización crediticia en el país. A tal efecto, se promovió de manera sistemática, la creación de una banca hipotecaria que permitiera revitalizar la industria de la construcción. Actualmente, operan en Venezuela diversos bancos hipotecarios. Al mismo tiempo, bajo los postulados de la Alianza para el Progreso y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), se fomentó el establecimiento de un Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, con el objeto de mantener condiciones favorables a la formación de ahorros invertidos en préstamos destinados a resolver el problema de la vivienda. Bajo la tutela del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, que inicia sus operaciones a fines de 1966, se ordenan las actividades de 27 entidades de ahorro y préstamo, creadas entre 1962 y 1982. La recuperación económica, iniciada a partir de 1963, va a permitir una renovada expansión del sistema financiero venezolano, la cual, a su vez, se enmarca dentro de un proceso de concentración de las principales instituciones bancadas y de diversificación de los servicios ofrecidos a través de filiales especializadas (sociedades financieras, bancos hipotecarios etc.) Dentro de este contexto, se destaca la creación, en 1968, del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV), con un capital dividido entre el Estado y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, cuyos estatutos combinan funciones de banco comercial, banco hipotecario y sociedad financiera. En 1970, la Ley General de Bancos es reformada parcialmente, limitando la participación extranjera en el capital de los bancos comerciales del sector privado y limitando las operaciones que puedan realizar bancos de capital extranjero en Venezuela. El salto cuantitativo que ocurre en la economía del país a partir de 1973, abre de hecho una nueva dimensión para la actividad bancaria: entre 1965 y 1978, se duplica el volumen de depósitos de la banca comercial, y entre 1969 y 1983, se triplica la red bancaria de agencias. Con los decretos presidenciales en materia económica de 1974-1975 y la segunda modificación parcial de la Ley de Bancos (1975), se establecen las bases del actual sistema financiero nacional. A raíz de las reformas del período 1974-1975, todo el capital del Banco Central de Venezuela pasa a manos del Estado y se incrementan las facultades de ese instituto en cuanto a la elaboración de una política monetaria, incluyendo la acuñación de monedas, privilegio que anteriormente le correspondía al Ejecutivo Nacional. Al mismo tiempo, el Banco Obrero y el Banco Agrícola y Pecuario se transforman respectivamente en el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), con personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos del Fisco Nacional. Las reformas del bienio 1974-1975 promueven el papel del Estado en la creación de institutos crediticios orientados hacia sectores específicos, generalmente desatendidos por la banca privada, como el desarrollo urbano (Fondo Nacional de Desarrollo Urbano-FONDUR), el financiamiento de las grandes industrias básicas (Fondo de Inversiones de Venezuela-FIV), el otorgamiento de créditos a mediano plazo para la agricultura (Fondo de Crédito Agropecuario), la industria (Fondo de Crédito Industrial) y la pequeña y mediana industria (Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria-CORPOINDUSTRIA). Pese al crecimiento de la última década y al proceso de concentración que ha llevado al control, por parte de 7 consorcios bancarios privados (Banco de Venezuela, Banco Unión, Banco Mercantil, Banco Provincial, Banco Latino, Banco de Maracaibo y Banco Consolidado), de la cuarta parte de los recursos propios del sistema financiero nacional, la banca comercial venezolana, no obstante un ancho margen de excedentes en los encajes con relación al requerimiento legal, se caracteriza por una escasa liquidez solo parcialmente corregida, desde 1973, por una inversión en valores mobiliarios, lo cual la hace particularmente vulnerable a cambios financieros repentinos o a una gestión arriesgada. De ahí que, en repetidas oportunidades, haya sido necesario que el sector público tuviera que intervenir en la administración y en el capital de varias instituciones (Banco República, Banco Italo-Venezolano, Banco Occidental de Descuento) o que tenga que proceder, después de una intervención, a la liquidación de una entidad bancaria, como en el caso del Banco Nacional de Descuento (1978-1985). Al mismo tiempo, el laxismo que muchas veces ha acompañado la conducción del aparato bancario del Estado, se ilustra por el estancamiento de los bancos de fomento regional, así como por la crisis que ha llevado al cierre temporal, a partir de 1982, del Banco de los Trabajadores de Venezuela y a la liquidación de la Corporación Venezolana de Fomento.

Una década en crisis: La vulnerabilidad antes comentada dio lugar a problemas reales desde febrero de 1983 con la devaluación del bolívar y su continuo descenso frente al dólar, aunque a través de la institucionalización del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI) se mantuvo un cambio preferencial para los gastos del gobierno, las importaciones y otros gastos esenciales requeridos por nuestra economía. En 1989 el gobierno nacional unificó el tipo de cambio y esto, al registrarse un alza notable en la cotización del dólar y aplicarse la política de minidevaluaciones constantes del bolívar, causó el incremento proporcional de la deuda privada externa, representada en cartas de crédito negociadas por intermedio de la banca comercial; el resultado inmediato fue el deterioro progresivo de la solvencia empresarial y, por consiguiente la morosidad de las carteras crediticias de los bancos, algunas de las cuales entraron en litigio. Al mismo tiempo que se producían estos fenómenos fueron liberadas las tasas de interés bancario, dando origen a lo que se denominó la «guerra de las tasas»; la banca comenzó a competir por captar mayores masas de depósitos ofreciendo intereses cada vez más elevados, en una puja mediante la cual los más osados arrastraron a los más conservadores, aunque estos se quedaron un tanto rezagados en sus ofertas por un reducido margen, lo que compensaban con la solidez de sus balances. Algunas instituciones llegaron a remunerar los capitales recibidos en depósitos hasta por encima de las tasas aplicadas a los préstamos concedidos, como un recurso para regularizar transitoriamente sus saldos de tesorería y evitar así que se les excluyese de la Cámara de Compensación. El costo del dinero llegó en 1993 al 80% anual. Eso agravó el desequilibrio preexistente en el proceso de intermediación financiera, al cual debían dedicarse preferentemente por ser la actividad fundamental del negocio bancario; además, incidió en el aumento de la morosidad en la cartera crediticia, en la reestructuración de una parte de ella y en la cualidad litigiosa de otra porción considerable. Adicionalmente y debido a los efectos anteriores, se produjo la disminución relativa de los préstamos solicitados por la industria y el comercio. El sistema bancario funcionaba inmerso en una crisis cuyas manifestaciones no tardarían en hacerse públicas. En efecto, el 21 de enero de 1994 fue decretada la intervención del Banco Latino, el segundo del país en volumen de depósitos y uno de los que más altas tasas de interés ofrecía. La desconfianza generalizada se extendió a todo el sistema; como reacción de los depositantes ante insistentes rumores que empezaron a circular sobre inestabilidad de otros bancos, se produjeron corridas de retiros masivos que llevaron a situaciones de extrema precariedad a los afectados y provocaron excesos de liquidez sin posibilidades de colocación a los que conservaban la confianza del público. Estos excesos fueron drenados por el Banco Central de Venezuela con las colocaciones de bonos cero cupón. Varios bancos en crisis recurrieron al auxilio financiero del Fondo de Garantías de Depósitos Bancarios (FOGADE), del que en las primeras medidas de esta naturaleza recibieron 503.578 millones de bolívares, con lo que se pensó sería restaurada su estabilidad; pero la crisis empeoró debido a manejos inadecuados y en consecuencia, el 15 de junio de 1994 el gobierno decidió intervenir los bancos Amazonas, Bancor, Barinas, Construcción, La Guaira, Maracaibo.y Metropolitano, así como la Sociedad Financiera Fiveca y con ellos quedaron también intervenidas sus empresas filiales (una larga lista de sociedades financieras, fondos de activos líquidos, arrendadoras, casas de cambio, bancos hipotecarios). El 8 de agosto de ese mismo año se procedió a la estatificación del Banco de Venezuela, comprando las acciones al precio de un bolívar cada una después de que esa institución perdiera 112.900 millones de bolívares y de haberle inyectado FOGADE 111.142 millones en auxilios financieros. El 13 de septiembre el Estado compró al mismo precio que las del Venezuela, las acciones del Banco Consolidado, como consecuencia de una operación en la cual FOGADE le prestó auxilio por 77.000 millones de bolívares en un intento por enjugar sus pérdidas acumuladas, las que alcanzaban a 95.000 millones. Luego, en enero de 1995, fueron intervenidos los bancos Progreso, República, Profesional, Ítalo-Venezolano y el Fondo Financiero Latinoamericana, después de haberles suministrado los auxilios financieros previos. En total, los fondos transferidos por FOGADE a los bancos y otras instituciones financieras en problemas, al concluir 1994, alcanzaban a 1 billón 272 mil millones de bolívares. El estado de grave crisis comentado condujo, desde los inicios de las intervenciones, a una demanda inusual de dólares, por un lado de los propios bancos y por otro, de los ahorristas que habían perdido la confianza en nuestro signo monetario. Esto causó una disminución acentuada en las reservas del país en moneda extranjera y provocó la decisión gubernamental de implantar el control de cambios, el que fue establecido a partir del 27 de junio de 1994 con la paridad de 170 bolívares por un dólar norteamericano.

Reformas del sistema financiero: Desde 1989 se comenzó a discutir en el país la conveniencia de reformar el sistema financiero. Las modificaciones legales no pasaron de la fase de proyectos, hasta que en octubre de 1993 el presidente Ramón J. Velásquez promulgó una nueva Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, en el marco de los poderes especiales que le otorgó el Congreso Nacional, por medio de una Ley Habilitante para tomar medidas de emergencia. A principios de 1995 la crisis del sector aconsejó revisar esta ley, con miras a mejorar los controles sobre el sistema; a orientar con mayor efectividad la vigilancia estatal sobre el mismo en las condiciones de desequilibrio por las cuales atravesaba; a prever los mecanismos de su recuperación y evitar la recurrencia de procesos como los vividos durante la década comentada; además, a tipificar algunos delitos financieros y establecer sus penalizaciones. El 29 de julio de 1995 fue aprobada por el Congreso la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera propuesta por el gobierno, la cual fue inmediatamente promulgada por el presidente Rafael Caldera.

Temas relacionados: Banco Central de Venezuela; Baring Brothers Company; Bolo Pachá; Disconto Gesellschaft de Berlín; Economía; Inversiones extranjeras.