Después de la aprobación por el Congreso de la reforma constitucional de 1857, que consagraba la reelección y legalizaba el nepotismo, a los conservadores, descontentos desde 1848, se sumaron los liberales que, desde hacía 2 lustros, habían ido enfrentando el personalismo de José Tadeo Monagas. Se produjo entonces la llamada «fusión» entre ambos bandos. Solo faltaba un jefe militar para encabezarla. Después de discusiones, dudas y ofrecimientos rechazados (Juan Crisóstomo Falcón, una consulta al exiliado José Antonio Páez), la elección recayó en el gobernador de Carabobo, el general Julián Castro. El rechazo al presidente Monagas era tan grande que solo 10 días (del 5 al 15 de marzo de 1858) tardó el Ejército Libertador de Castro en levantar el pendón rebelde y entrar a Caracas tras la renuncia de José Tadeo Monagas a la presidencia y la de su sobrino-yerno Francisco Oriach a la vicepresidencia. «Unión de los partidos y olvido de lo pasado» se proclama al instalarse el nuevo Gobierno, donde figuran tanto conservadores (Manuel Felipe de Tovar y Fermín Toro), como liberales (Wenceslao Urrutia y el general Juan A. Soto). Julián Castro, jefe de la revolución, había sido escogido por su reconocida mediocridad. Ni como jefe militar, ni como jefe político daba la talla que las circunstancias exigían; pero lo que le faltaba en luces le sobraba en ambición. Dejándose dominar sucesivamente por conservadores y liberales, mientras echaba las bases de su propio piso político, Castro tomó 2 decisiones contradictorias que, en lugar de ganarle el apoyo que buscaba, aumentaron la desconfianza de las corrientes políticas que lo respaldaban. Una fue un decreto, que no tenía posibilidad real de ser aplicado, mediante el cual se pretendía investigar por peculado a todos los empleados fiscales de los gobiernos de los Monagas (27.3.1858); la otra, llegando el gobierno a extremos incompatibles con la dignidad nacional, fue la firma con los representantes diplomáticos acreditados en Venezuela de un acuerdo, el llamado Protocolo Urrutia (26.3.1858), destinado a ofrecerle a José Tadeo Monagas, asilado en la Legación francesa y puesto virtualmente bajo la protección de las potencias europeas (Francia y Gran Bretaña sobre todo), una serie de garantías que lo salvarían de aquella justicia que se pretendía abatir sobre sus colaboradores. Ambos hechos produjeron reacciones adversas y la «fusión» entre liberales y conservadores se deshizo prontamente para dar lugar a un agudo resentimiento por parte de los liberales, cuyos representantes más radicales, Juan Crisóstomo Falcón y Ezequiel Zamora, al ser expulsados del país junto con Antonio Leocadio Guzmán (7.6.1858), comenzaron a organizar una reacción armada desde la isla de Saint Thomas. En líneas generales, se puede decir del gobierno de Julián Castro que rara vez hubo una distancia mayor entre las palabras y los hechos, entre las esperanzas y las realidades. En efecto, la «fusión» que debía, entre otras cosas, echar un «manto de clemencia» sobre el pasado, por el contrario, exacerbó las pasiones hasta hacerlas desembocar en la contienda civil de la Guerra Federal (1859-1863). Los juicios de responsabilidad civil, abiertos el 27 de marzo de 1858, aunque revelaron desorden en el manejo de la Hacienda Pública y graves irregularidades, dieron resultados negativos por la inaplicabilidad de las sanciones que ameritarían los casos. Igualmente frustrante fue el intento de fundar una nueva institucionalidad. Para reunir en Valencia una «Convención» que habría de dictar una nueva Constitución (5.7.1858), se adoptó por primera vez el sufragio universal. Los representantes electos a la Convención eran predominantemente miembros del «Partido Constitucional», como ellos mismos se llamaban, o del Partido Conservador, godo, oligarca, centralista o colorado (esto por el color de su bandera), como lo llamaban, polémicamente, sus adversarios. Prácticamente todos los diputados a la Convención de Valencia eran partidarios del poder civil, de leyes más democráticas que las anteriores e, incuestionablemente, de una descentralización política, pero en lo referente al modo de formularla, se dividían en 2 grupos: la mayoría, que buscaba mantener el compromiso centro-federalista de 1830, con algunas modificaciones en el sentido de una ampliación hacia el federalismo; y la minoría, que se esforzaba sobre todo en hacer triunfar el nombre y el principio de la Federación. Todo intento de conciliación resultó inútil. Desde la salida de Wenceslao Urrutia del gabinete (8.4.1858), tanto el antiguo jefe del liberalismo Antonio Leocadio Guzmán, así como el ala militarista y radical, capitaneada por Falcón y Zamora, habían decidido ya que el enfrentamiento con los «godos» se resolvería por las armas. De nada valieron las concesiones hechas al federalismo y que fueron incluidas en el texto de la Constitución promulgada el 31 de diciembre de 1858. De nada valió el establecimiento del sufragio universal ni los artículos que prohibían la reelección del presidente de la República, o la inelegibilidad, para sustituirlo, de cualquier pariente suyo próximo por consanguinidad o afinidad. Como lo dijo Ezequiel Zamora, al desembarcar en La Vela (22.2.1859), 2 días después de que el comandante Tirso Salaverría hubiera proclamado la Federación en Coro (20.2.1859), el problema no era que las leyes fuesen buenas o malas, sino de quien las hacía y ese privilegio no debía estar reservado a una minoría, sino extendido a la mayoría. La Guerra Federal había empezado. La actitud de Julián Castro, una vez que estalló la insurrección, no pudo ser más ambigua. Elegido presidente interino de la República por la Convención de Valencia, continuaba gobernando con los conservadores, pero, deseoso de mantenerse en el poder a toda costa y de evitar el conflicto armado, buscó una alianza de última hora con los liberales. Pretextando encontrarse enfermo, decidió retirarse del Poder Ejecutivo (7.6.1859), dejando encargado al vicepresidente Manuel Felipe de Tovar, uno de los jefes del Partido Conservador, quien formó un gabinete donde, entre otros, incluía al consejero íntimo del general José Antonio Páez, Pedro José Rojas. Pero al día siguiente de constituido ese gabinete y formada una Junta de Guerra, que incluía al propio Páez, a Carlos Soublette y a 3 liberales (13.6.1859), Castro se recuperó bruscamente de su enfermedad, apareció en el palacio con traje de campaña, se reencargó sin ceremonia de la Presidencia y nombró un gabinete puramente liberal (21.6.1859), cuya figura central era Francisco Aranda, el mismo que había sido ministro de José Tadeo Monagas. Acto seguido, puso en libertad a los federalistas presos, dictó un indulto, entró en tratos con los sublevados y dirigió una alocución al país en la que expresaba que si la Federación era el voto verdadero de la Nación, el gobierno le prestaría todo su apoyo (30.7.1859). Los conservadores, al ver a Castro pasarse al bando opuesto, resolvieron derrocarlo. El 1 de agosto de 1859, Julián Castro era arrestado. Enjuiciado por el delito de traición y declarado culpable (28.7.1860), no se le impuso pena, limitándose el gobierno a expulsarlo del país. El fracaso político del gobierno de Julián Castro, más que a factores personales, obedeció a la imposibilidad de mantener un gobierno de coalición en medio de un clima de pasiones exacerbadas.

Temas relacionados: Amnistías; Bloqueos; Constituciones de Venezuela (1858); Convención Nacional de Valencia; Junta de Saint Thomas; La Galipanada; Protocolo Urrutia.