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Decreto de Garantías

Este documento, fundamental para la comprensión del proyecto revolucionario efectuado por los dirigentes de la Federación, fue expedido en Caracas el 18 de agosto de 1863 por el presidente de la República, Juan Crisóstomo Falcón, general en jefe del ejército triunfante en la Guerra Federal y refrendado por los secretarios del Gabinete ejecutivo: Guillermo Tell Villegas (Interior, Justicia y Relaciones Exteriores), Manuel Ezequiel Bruzual (Guerra y Marina) y Guillermo Iribarren (Hacienda y Fomento). Era su objeto regir la conducta del Gobierno y de los particulares hasta la próxima aprobación de una Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Recoge los principios doctrinarios más caros a la nueva bandería gobernante y establece los patrones generales para lograr su puesta en práctica. Tales principios doctrinarios y normas de conducta se condensan en los siguientes puntos medulares: 1) el derecho a la vida, por cuyo universal respeto elimina la pena de muerte y las leyes que la impusieron desde 1830; 2) el derecho de propiedad, que sólo podía vulnerarse en virtud de sentencia judicial; 3) el respeto al hogar doméstico, región inviolable de los ciudadanos que solo podía allanarse para impedir la perpetración de un delito concreto; 4) el respeto de la correspondencia y de los documentos privados, en ningún caso susceptible de quebrantamiento; 5) la libre expresión del pensamiento, derecho innato del hombre que quedaba sin trabas formales, tanto en el caso de los textos escritos como en el de las expresiones orales; 6) libertad de sufragio, «sin otra restricción que la minoridad»; 7) la «libertad natural», que permitía hacer cuanto no perjudicase a los demás, como promover industrias lícitas, asociarse pacíficamente, transitar en la República o salir de su territorio; 8) la seguridad individual, garantía que aseguraba a los ciudadanos su adecuado tratamiento por el Poder Judicial y por las autoridades carcelarias y eliminaba las confinaciones y el destierro. En un artículo especial, se declaraba que los lugares de Bajoseco (Maracaibo) y La Rotunda (Caracas) no podrían ser utilizados en adelante como prisiones. Se preveía que la vigencia del decreto habría de durar hasta que la Asamblea Constituyente sancionase «el Pacto de los Estados». En efecto, la Constitución Federal de 1864, en el título III, «Garantías de los venezolanos», recogió sustancialmente el contenido del decreto de 1863, agregándole «la libertad religiosa», aunque con la restricción de que «...solo la Religión Católica, Apostólica y Romana...» podía ejercer «...culto público fuera de los templos...». Sin referencias a la explosiva situación social del país, ni a la crisis económica antecedente, factores que, en última instancia, convirtieron a la Guerra Federal en una peculiar conmoción y dieron a los caudillos alzados una masiva clientela, y sin proposición de paliativos para las injusticias cometidas desde la Independencia, el Decreto de garantías traduce el interés de los federales por un mejoramiento progresivo de la escena política y del aparato institucional, que no significará, sin embargo, una ruptura del proyecto sociopolítico orquestado a partir de 1830. Fue una declaración de principios que, en general, no llegaron a pasar a la práctica.

Temas relacionados: Falcón, Juan Crisóstomo, gobierno de; Garantías.

Autor: Elias Pino Iturrieta
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