Fue establecida por la autoridad pontificia en diversos países de Europa occidental a mediados del siglo XIII, con la finalidad de reprimir la herejía y demás delitos contra la fe cristiana; en España fue establecida a fines del siglo XV con la aprobación del papa Sixto IV; su foco de inicio y propagación fue Castilla. El interés de la monarquía española era velar por la integridad y pureza del cristianismo, y logró conseguir la autorización de manera que funcionara con independencia de Roma. Hubo en España un inquisidor general y tribunales locales o de instancia tanto en los territorios españoles como en sus posesiones de las Indias. Los primeros que se establecen en América se sitúan en Perú y México, en 1570 y 1571, respectivamente. En 1610, se crea el de Cartagena de Indias en Nueva Granada. A este pertenecieron Venezuela y las demás provincias de Tierra Firme. La gran acción de estos tribunales fue en el curso del siglo XVII, aunque aún antes de ser establecidos en el Nuevo Mundo ya se llevaba a cabo la actividad inquisitorial en estas tierras. El 20 de enero de 1535 el obispo de Coro, Rodrigo de Bastidas, le comunicaba al emperador Carlos v que entre los alemanes llegados con Ambrosio Alfínger había algunos que sostenían las «... opiniones del hereje Martín Lutero...», por lo cual uno de ellos, el maestre Juan Flamenco, había sido entregado en Santo Domingo al inquisidor; pero eran casos esporádicos. En Caracas había permanentemente un comisario de la Inquisición, que en 1669 ya llevaba varios años ejerciendo; ese año lo era el licenciado Benito Vásquez de Montiel, quien contaba con la ayuda de un notario y 2 alguaciles. Ese mismo año se nombró a otro comisionado para La Guaira, el licenciado Miguel Núñez y Guzmán, quien era canónigo de la catedral de Caracas; tenía igualmente a sus órdenes un notario y un alguacil. Los hubo también en otras poblaciones venezolanas. Se perseguía especialmente, a los seguidores de las doctrinas luteranas y a los judíos, pero también, y fueron frecuentes los casos en Venezuela, contra las prácticas de hechicería, brujería, etc. Ya en el siglo XVIII se moderó mucho su acción. En Venezuela el tribunal fue en cierto modo anexo a la Iglesia y muchos párrocos eran comisarios del Santo Oficio de la Inquisición. Les correspondía tramitar los procesos y enviarlos al tribunal de Cartagena de Indias cuando la magnitud de la causa justificaba la continuación. Al iniciarse el proceso de la Independencia los tribunales prácticamente quedaron sin funciones y comenzó una acción directa de los dirigentes políticos tendente a lograr su extinción definitiva. El primer Congreso de Venezuela decretó su abolición. En la sesión del 13 de enero de 1812 y a proposición del diputado José de Sata y Bussy comenzó a discutirse; después de unas medidas dilatorias, el 5 de febrero fueron presentados el proyecto de Sata, así como el elaborado por el presbítero diputado Manuel Vicente de Maya, y la mayoría votó a favor del de aquél, «.. .con algunas modificaciones en el proloquio o introducción...», y algunas reformas en la expresión «... que parecieron violentas o peligrosas al Congreso...»; el 6 fue firmado por Fernando de Peñalver, como presidente, y por 21 diputados presentes, y sancionado como ley por Cristóbal de Mendoza, Baltasar Padrón y Mauricio Ayala, miembros del Triunvirato Ejecutivo, el día 12. La extinción del tribunal solo constituía una medida política que el nuevo gobierno consideraba útil. Venezuela, en este particular, siguió el ejemplo de Cartagena de Indias, que luego de declarar su independencia el 11 de noviembre de 1811, procedió a abolir la Inquisición. Esta fue restaurada en Venezuela al comienzo del régimen de Domingo de Monteverde, a mediados de 1812, pero fue suprimida luego, cuando las Cortes de Cádiz decretaron su extinción en todos los territorios de la monarquía española el 22 de febrero de 1813. En los territorios dominados por los republicanos no volvió a instaurarse nunca, pero en Caracas y los lugares sometidos al régimen realista fue restablecida a comienzos de 1815, cuando llegó la expedición del general Pablo Morillo, ya que Fernando VII la había puesto en vigor nuevamente desde 1814. Sin embargo, en la Venezuela realista su vigencia será por poco tiempo y sus actividades se dirigieron principalmente a la censura y condena de publicaciones, prohibición de la pornografía y persecución de los masones. Al reestructurarse la República de Colombia con la unión de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, el Congreso de Cúcuta (1821), por acto del 22 de agosto, ratifica la medida abolicionista. 

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