El 24 de noviembre de 1948, Rómulo Gallegos, quien llevaba apenas 10 meses en la presidencia de la República, fue derrocado por un movimiento incruento que, por tal, fue bautizado popularmente como «golpe frío». Una Junta Militar se encargaba entonces del gobierno, presidida por el comandante Carlos Delgado Chalbaud, hasta ese momento ministro de Defensa de Gallegos; los otros 2 miembros de la Junta eran Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. En un primer momento, la Junta Militar de Gobierno concentró sus acciones en iniciar un proceso de desmovilización política: por una serie de decretos (4 y 7.12.1948), quedaban disueltos el Congreso Nacional, las asambleas legislativas de los estados, el Consejo Supremo Electoral y los concejos municipales, sustituidos, estos últimos, por juntas de administración municipal nombradas por los gobernadores de estado con la anuencia de la Junta Militar de Gobierno. Al mismo tiempo, se ordenaba la restitución a sus propietarios de los bienes que el Jurado de Responsabilidad Civil había adjudicado a la Nación (23.10.1949). Contrariamente a lo que todo el mundo esperaba, el gobierno surgido en noviembre de 1948 se reveló mucho más inestable que su antecesor; tanto interna como externamente, en el terreno militar como en el civil, tuvieron que producirse aún una serie de acomodos y reacomodos hasta que pudiera hablarse de un régimen consolidado. En el terreno militar, para buena parte de los autores del 18 de octubre, este nuevo golpe no era sino una consecuencia lógica del primero y en esto coincidían con una pequeña franja de los antiguos medinistas, comenzando por el propio general Isaías Medina Angarita. La presencia de Carlos Delgado Chalbaud a la cabeza de la Junta era un elemento de confusión que hacía pensar en una «rectificación» del 18 de octubre, lo que llevó a algunos medinistas a prestar su colaboración al nuevo gobierno en los niveles medios e inferiores de la administración, al igual que algunos copeyanos y urredistas cuyos partidos practicaron, durante los primeros meses del gobierno, una política de neutralidad benevolente. Para Acción Democrática, echada del gobierno e ilegalizada, el golpe de Estado del 24 de noviembre había instaurado en Venezuela una dictadura militar cuyo jefe real era Marcos Pérez Jiménez. En una posición parecida se situaba el Partido Comunista, el cual, sin embargo, conservó una precaria legalidad hasta 1950. Contra ambos partidos se va a ejercer una represión, que se endurece después de la huelga petrolera de mayo de 1950. El 13 de noviembre de ese mismo año, se produce un acontecimiento sin precedentes en la historia de Venezuela: el presidente de la Junta Militar de Gobierno es secuestrado y asesinado por Rafael Simón Urbina, cuyas primeras declaraciones comprometían a Pérez Jiménez como autor intelectual del crimen y cuya rápida muerte a manos de la policía hizo acentuar las sospechas; en tales condiciones, poner a Pérez Jiménez a presidir la Junta era dar demasiado pábulo a las murmuraciones; la Junta decidió entonces escoger un civil para presidente y luego de consultas y vacilaciones, la elección recayó en el abogado Germán Suárez Flamerich (27.11.1950). A partir de entonces, la Junta cambia su denominación de «Junta Militar de Gobierno» a la de «Junta de Gobierno». Pese a ello, Suárez Flamerich no podrá nunca superar la imagen que la opinión pública percibió desde el primer momento, el de un instrumento sin mayor fuerza en manos de sus 2 compañeros militares de junta. Sin embargo, en los 2 años que van de 1950 a 1952, el régimen se orientará políticamente en 2 direcciones aparentemente contradictorias: por una parte una acentuación de la represión que tendrá, como puntos más resaltantes, la represión de la huelga petrolera de 1950, el nombramiento de Pedro Estrada a la cabeza de la Seguridad Nacional (31.8.1951), el cierre de la Universidad Central, la reapertura del campo de concentración de Guasina y el abaleamiento en plena calle de Leonardo Ruiz Pineda, secretario general de AD en la clandestinidad (22.10.1952); por otra parte, se orientará hacia la realización de un proceso electoral destinado a la formación de un Congreso Constituyente y a dar una cierta armazón institucional al régimen (18.4.1951). Al mismo tiempo, se anunciaron y se llevaron a cabo planes para la modernización del aparato económico del país. Se crea el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (30.12.1950), se decreta la instalación de una industria siderúrgica en la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, se completan obras importantes de infraestructura (carreteras, autopistas, viviendas obreras, etc.) Para la oposición y, en particular para la AD clandestina, las elecciones, anunciadas para noviembre de 1952, son una farsa destinada a legalizar un régimen espurio, URD y COPEI, sin embargo, deciden participar en ellas, así como el ilegal Partido Comunista. El gobierno también participa a través de un aparato propio, el Frente Electoral Independiente, AD lanza la consigna de abstención y de «rebelión civil». Pese a la represión, la campaña electoral se desarrolla con relativa libertad para los partidos legales que en ella participan. Los primeros cómputos de las elecciones del 30 de noviembre de 1952 le dan la victoria al partido Unión Republicana Democrática. El gobierno se niega a reconocer los resultados y se produce un nuevo golpe de Estado (2.12.1952). En un telegrama dirigido a URD, el gobierno reconoce el triunfo de ese partido pero lo atribuye al aporte de los partidos clandestinos AD y Comunista. Se apresa y se exilia a los líderes de URD, se interrumpe la publicación de los datos del Consejo Supremo Electoral y luego, se suministran otros en los que el Frente Electoral del gobierno aparece ganando la mayoría de los votos. El Alto Mando Militar decide que los poderes de la Junta los ejerza el coronel Marcos Pérez Jiménez como «presidente provisional» hasta tanto sea designado presidente constitucional por el Congreso, boicoteado por COPEI y URD,el cual se reúne el 9 de enero de 1953.

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