Al triunfar el movimiento del 18 de octubre de 1945, sustituye al gobierno de Isaías Medina Angarita una llamada «Junta Revolucionaria de Gobierno» constituida por 5 civiles y 2 militares. Los civiles son Rómulo Betancourt, quien la preside; Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto Figueroa, todos dirigentes de Acción Democrática y Edmundo Fernández, quien había sido el contacto y enlace entre militares y civiles. Los 2 militares son Carlos Delgado Chalbaud y Mario Ricardo Vargas. Desde el momento mismo de su instalación, la Junta Revolucionaria de Gobierno anuncia que se propone 2 objetivos: establecer una institucionalidad democrática surgida del voto universal directo y secreto y moralizar la administración pública. Lo primero se pondría en práctica convocando a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente con un estatuto electoral en el cual se consagraba el voto de los jóvenes a partir de los 18 años de edad, el voto de las mujeres y tal vez lo más importante de todo, porque abría oficialmente los colegios electorales a la masa campesina, el voto de los analfabetos. En cuanto a la moralización de la administración pública, la nueva Junta creó el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, encargado de establecer responsabilidades por presuntos enriquecimientos ilícitos de funcionarios gomecistas, lopecistas, medinistas y de sus allegados. El cumplimiento de ambos compromisos trajo un buen número de resentimientos y oposiciones. Muy poca gente censuraba abiertamente la necesidad de democratizar la vida pública, pero se temía que su puesta en práctica, el ingreso brusco de un pueblo poco letrado a la política, podría abrir la puerta a toda clase de demagogias. A tal efecto, la oposición política al nuevo régimen fue tomando cuerpo con la creación, en diciembre de 1945, del partido Unión Republicana Democrática (URD)y sobre todo, con la fundación, en enero de 1946, del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). Los juicios por peculado, iniciados con la creación del Jurado de Responsabilidad  Civil y Administrativa (27.11.1945) cuyas actividades fueron supervisadas por el nuevo procurador general de la Nación, Rafael Caldera, sirvieron para profundizar los odios. Se analizaron 108 expedientes y se dictaron condenas de restitución de bienes a la Nación por un total de Bs. 124.000.000. Rómulo Betancourt fue acusado no solamente de crear tribunales de excepción, sino de estar aprovechando la oportunidad para enlodar la reputación de sus enemigos políticos. En sus primeros meses de actividad, la Junta Revolucionaria de Gobierno creó el Ministerio de Comunicaciones, la Escuela Náutica y un fondo de Bs. 10.000.000 para establecer la Marina Mercante Nacional; estableció la Corporación Venezolana de Fomento (mayo 1946) y la Flota Mercante Gran Colombiana en sociedad con Colombia y Ecuador, obtuvo un aporte extraordinario de las compañías petroleras de unos Bs. 100.000.000 aproximadamente por concepto de un remanente por cobrar sobre el ejercicio fiscal del año 1944; rebajó los alquileres de los inmuebles y de los pasajes aéreos nacionales; decretó la reapertura de la Universidad del Zulia (clausurada desde 1904); reorganizó la policía, creando un nuevo cuerpo, la Seguridad Nacional (agosto 1946) y fijó la fecha del 27 de octubre de 1946 para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Un decreto, el núm. 321, dictado a fines de mayo de 1946, acerca de las «Calificaciones Promociones y Exámenes en educación Primaria, Secundaria y Normal» y cuya meta era lograr un mayor control del Estado en materia educativa, provocó un acalorado enfrentamiento con los defensores de la educación privada, particularmente los colegios religiosos. Manifestaciones y huelgas obligaron al gobierno de la Junta a suspender la aplicación del «321». Sin embargo, el debate en torno a la política educativa de la Junta exacerbó una ya creciente oposición. A pesar de ello, las elecciones para la Asamblea Constituyente arrojaron una mayoría del 78,43% de los votos a favor de Acción Democrática lo cual avivó el temor de que Venezuela se estaba encaminando hacia un régimen de partido único a la mexicana, temor que parecía confirmar el control férreo gradualmente asumido por Acción Democrática sobre el movimiento sindical, en detrimento particularmente del Partido Comunista. La Asamblea Constituyente se reunió el 17 de diciembre de 1946, ratificó el gobierno de la Junta, aprobó su gestión político-administrativa y sancionó una nueva Constitución Nacional, clausurando sus sesiones el 22 de octubre de 1947 después de encendidos debates, mientras se abría un nuevo proceso para elegir al presidente de la República, a los cuerpos deliberantes y a los concejos municipales. El 14 de diciembre de 1947 resultó electo presidente el novelista Rómulo Gallegos, para entonces presidente de Acción Democrática, por el 75% del electorado. La oposición militar a la Junta, sin embargo, se iba precisando. Desde su primer año de gobierno, la Junta Revolucionaría tuvo que enfrentar varios alzamientos, el más serio de todos el 2 de diciembre de 1946, que llegó a dominar a Valencia y La Victoria y a capturar hangares y aviones militares en Maracay. Los conjurados eran estimulados cuando no financiados desde la República Dominicana por Rafael Leónidas Trujillo y (según también se dijo, pero no está comprobado) desde el exilio por el general Eleazar López Contreras, quien apelaba al sentimiento regional andino. Pero no fueron esos elementos externos quienes dieron al traste con el régimen inaugurado en octubre de 1945 y que le entregaba el poder a Rómulo Gallegos, el 15 de febrero de 1948, sino el acuerdo de todos los comandantes de las Fuerzas Armadas quienes, a su vez, depusieron a Gallegos el 24 de noviembre de 1948.

Temas relacionados: Asamblea Nacional Constituyente; Constituciones de Venezuela (1947).