Asume José Tadeo Monagas la presidencia de la República el 1 de marzo de 1847, contando, en ese momento, con el pleno respaldo del general José Antonio Páez y del grupo conservador que lo apoyaba a pesar de las discrepancias que entre ambos se habían suscitado con motivo de la separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830, y luego durante la Revolución de las Reformas en 1835. El antagonismo manifiesto entre las facciones liberales y conservadoras, incrementadas por la práctica del encarcelamiento como mecanismo de represión y una situación general desestabilizada desde el punto de vista económico, producto de la grave crisis agropecuaria que atravesaba el país que se traducía en una grave carencia de abastecimiento, constituyen los elementos referenciales característicos del primer período de gobierno de Monagas, elementos que le obligaban a asumir una posición definida en cuanto al ejercicio del poder en materia política, económica y social. Conocedor del clima de agitación generado por el antagonismo entre los frentes liberal y conservador, en un primer momento Monagas cedió a la influencia del general Páez, influencia que se demuestra en la instalación de su primer gabinete que quedó integrado por: Ángel Quintero (Interior y Justicia), Miguel Herrera (Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores) y el general José María Carreño (Guerra y Marina). Es de hacer notar que durante este período de gobierno se utilizó, por primera vez y oficialmente, la palabra «ministro» para designar a los antiguos «secretarios de Estado». Al iniciarse el período gubernamental, de inmediato se dispusieron las Cámaras Legislativas a conformar un plan de política encaminado a enervar la acción del presidente constitucional por medio de leyes que contemplaban, entre otras cosas, la implantación de un proyecto de milicias que serviría para organizar definitivamente al ejército, confiriéndole, de acuerdo con el texto de la ley correspondiente, autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, situación que originó numerosas discusiones y constituyó el punto álgido de una cadena de debates. Por otra parte, el Ejecutivo, en la persona de José Tadeo Monagas, se adhirió a la aplicación de una política de magnanimidad caracterizada por la conmutación de numerosas penas de muerte en penas de presidio, contándose entre los favorecidos a Pedro Nolasco Magallanes, Merced Brito, Bonifacio Jiménez, José Aniceto Guillén, Eleuterio Guillén, Pascual Hidalgo, José Hidalgo y, tal vez la más renombrada, la de Antonio Leocadio Guzmán, quien había sido sentenciado por el anterior régimen paecista, medida esta que comenzó a delimitar la separación entre los conservadores y el gobierno de Monagas.

Año 1847: El 8 de abril de 1847 se dictó un decreto-ley que ordenaba la formación del censo de la República en el cual debía contemplarse: 1) número de habitantes; 2) nombres y apellidos; 3) edad, estado civil y sexo; 4) ocupación u oficio; 5) manejo de la lectura y escritura; 6) número de esclavos y manumisos; 7) número de eclesiásticos seculares y regulares; 8) número de monjas; 9) número de extranjeros; 10) otros datos estadísticos que el Poder Ejecutivo creyera posible y conveniente conseguir por este medio. Se dictaron, además, los siguientes decretos y leyes: ley de 12 de abril sobre Libertad de Imprenta (Código de Imprenta) que reformaba la de 1829; ley de 16 de abril sobre extradición de reos prófugos de las Antillas; ley de 30 de abril estableciendo consulados y agencias comerciales en plazas extranjeras; decreto de 14 de mayo aprobando el convenio de navegación a vapor por el Orinoco y el Apure; decreto de 19 de mayo fijando el presupuesto de gastos públicos para 1848 en 3.116.880 pesos.

Año 1848: En 1848, el gobierno de Monagas confronta el hecho definitivo de la separación con las facciones conservadoras, al producirse los acontecimientos del 24 de enero, fecha en que el parlamento, ante la fuerza de las armas, cedió ante la autoridad autocrática del Poder Ejecutivo; el tumulto en la sala del Congreso trajo como consecuencia la trágica muerte de Santos Michelena y otros diputados. Páez, en protesta, se sublevó en Calabozo y fue derrotado por Cornelio Muñoz en el sitio de Los Araguatos (5.8.1848).

Año 1849: Este año se inicia con la designación de los gobernadores provinciales: José Tomás Machado (provincia de Guayana), Napoleón Sebastián Arteaga (provincia de Barinas), León Faría (provincia de Coro) y Marcelino de la Plaza (provincia de Caracas). Un hecho de trascendental importancia ocurrido durante ese año es la designación, el 5 de febrero de 1849, de Antonio Leocadio Guzmán, quien había sido favorecido, 2 años atrás, con la conmutación de la pena de muerte por la de expulsión perpetua, al cargo de vicepresidente de la República. Por otra parte, el Congreso de 1849 sancionó 2 leyes de singular importancia: el 3 de abril, la de conspiradores que abolía la pena de muerte; en ella se contemplaban 2 delitos: el de traición, para el cual se señalaba como pena la expulsión perpetua del territorio y el atentado contra el orden público, para el cual se señalaba la expulsión por un período de 10 meses del territorio nacional. Asimismo, se reformó la «Ley de Espera» fijándose un nuevo plazo de 6 años como beneficio de moratoria; las discusiones en torno a esta ley originaron la renuncia de José Rafael Revenga, quien se desempeñaba como secretario de Interior y Justicia. La situación de inestabilidad que atravesaba el país cobraba matices alarmantes. En el interior de la República, se formaban numerosos focos subversivos y el carácter de economía de guerra que se aplicaba a los renglones pecuarios se traducía, en la práctica, en un agotamiento de los recursos y en un progresivo colapso de la economía. En julio de 1849, se produce el levantamiento en Coro de los comandantes José María Chacín y Wenceslao Briceño, quienes llamaron a José Antonio Páez para dirigir la rebelión. Este, que se hallaba refugiado en Curazao, respondió afirmativamente y se incorporó a la subversión, pero fue sometido por el general José Laurencio Silva tras cruentos combates y reducido a prisión junto con los generales León de Febres Cordero y Domingo Hernández, los coroneles José Escolástico Andrade, José Dolores Hernández, Alejandro Blanco, Wenceslao Briceño, el comisario de guerra Fermín García, el presbítero José Ayala y el auditor de guerra Ángel Quintero, entre otros, quienes fueron conducidos a la cárcel de Valencia. En materia administrativa, el 26 de septiembre de 1849 se unificaron nuevamente los ramos de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Interior y Justicia. Por decreto del 1 de octubre, se destinó la cuarta parte de los derechos ordinarios de importación, la mitad de los derechos de la sal y las deudas al Tesoro por rezagos, al pago del capital e intereses de los empréstitos hechos al gobierno por virtud del decreto de 22 de febrero de 1848 y demás hasta el 30 de junio de 1849. Por otra parte, se fijaban las bases para la formación de nuevos convenios de comercio y navegación con los Países Bajos, Estados Unidos y Dinamarca, tratados que habían caducado y debían actualizarse.

Año 1850: Entrando el año de 1850 y vencidos los focos de resistencia armada, el gobierno se abocó a la recuperación de la industria pecuaria desarticulada y devastada por los efectos de la guerra civil; el repunte observado en los precios del café auguraba mejoras en el plano económico y, a lo largo del año el Ejecutivo se dispuso a legislar en función de propiciar la necesaria estabilidad económica. Por otra parte, el 25 de julio de ese año, se dictó un decreto a través del cual se ordenaba establecer la Biblioteca Nacional en Caracas, designándose para ello el local más apropiado en el edificio del antiguo convento de San Francisco; a esta biblioteca debían incorporarse las obras existentes en los conventos suprimidos en Caracas y que se hallaban a cargo de la universidad, las que se encontraban en el Liceo, las cedidas por el gobierno a la Academia Militar, las existentes en la Sociedad Económica de Amigos del País, además de aquellas que aportaran los colegios y otros donantes voluntarios. El 27 de mayo de 1850, cerraron las Cámaras Legislativas sus sesiones después de haber aprobado un numeroso cuerpo de leyes entre las cuales se destacaban: la derogación de los honores concedidos al general Páez y su expulsión del país (25 marzo), la fijación de límites entre Maracaibo y Trujillo (9 abril), el establecimiento de correos marítimos y la autorización de varias franquicias para ellos (15 mayo), la fijación del presupuesto de gastos en 1.907.876 pesos. En Guayana se descubrieron los ricos yacimientos auríferos en la región del Yuruari y comenzó para la nación una nueva etapa en materia económica, ya que este descubrimiento trajo como consecuencia la implementación de una política económica novedosa en torno al aprovechamiento de los recursos mineros; el 6 de septiembre, el gobernador de Guayana emitió un decreto en el cual se contemplaba la creación de un cuerpo de policía de minas y la implantación de una oficina de recaudación del quinto en Tupuquén. En este mismo año fue redactado el primer informe minero a cargo de Juan Bautista Dalla Costa. La motivación producida por los yacimientos auríferos era mitigada por la fiebre eleccionaria que cerró el año con una campaña en la cual se barajaron los nombres de José Antonio Páez, José A. Ruiz y Fermín Toro, entre otros. Sin embargo, la votación en los Colegios Electorales dio un total de 203 votos a favor de José Gregorio Monagas, el hermano de José Tadeo, seguidos por 65 de Antonio Leocadio Guzmán, 30 para Estanislao Rendón y el resto repartido entre José A. Ruiz, Fermín Toro, José María Vargas y Andrés Narvarte.

1855-1858

En octubre de 1854 los Colegios Electorales proclamaron la elección de José Tadeo Monagas para presidir el período constitucional 1855-1858. Monagas reasume el poder y en esta oportunidad se apoya en el Partido Liberal, así como en una fracción del Partido Conservador. Esta fusión de intereses políticos representaba, por una parte, el mecanismo a través del cual se pretendía regular una situación de malestar generalizado, que amenazaba gravemente la estabilidad del Estado; por otra parte, representaba la consolidación de la autocracia como forma de gobierno. Monagas vuelve a la presidencia en un clima de desorden y desmoralización que se destilaba a través de la prensa, en periódicos como El Bachaquero y El Juicio Final y La Patria, El Clamor del Pueblo y los cuales encendían la mecha en contra del gobierno. Al mismo tiempo a la renuencia de los campesinos para incorporarse al trabajo de la tierra, se sumaba el fantasma de «la recluta». Al despuntar el año 1855, la situación de crisis que atravesaba el país y que servía de marco al nuevo gobierno, se agravó notoriamente con una epidemia de cólera, que se extendió progresivamente desde Caracas hacia los valles de Aragua y los llanos. La primera labor efectiva del gobierno consistió en la instalación de juntas de beneficencia y comisiones de salubridad, en las cuales se destacó la actuación de Isaac Pardo. El 20 de enero de 1855 se instalaron las Cámaras; el arzobispo Silvestre Guevara y Lira y Jacinto Gutiérrez fueron designados para ocupar respectivamente la presidencia y vicepresidencia del Senado; Victor Ariza y Pedro Medina en la Cámara de Representantes. Con miras a lograr una renovación constitucional sobre la cual apoyar la gestión del gobierno, se reúnen las Cámaras el 1 de febrero, designando como asesores o consejeros del gobierno a José Laurencio Silva, al arzobispo Guevara y Lira y a Francisco Conde. El presidente Monagas nombró a Francisco Aranda secretario de Estado en los despachos de Interior y Justicia y Relaciones Exteriores. Como secretario de Hacienda fue designado Jacinto Gutiérrez y se propuso, asimismo, la elección del general Bartolomé Salóm como secretario de Guerra y Marina. Todos ellos eran hombres de amplia trayectoria en la vida política del país. Monagas, en su política conciliadora, pretendió la incorporación de Fermín Toro y Manuel Felipe de Tovar en diferentes cargos, pero estos, cortésmente, rechazaron tales ofrecimientos. Durante su primer año de labor, este gobierno se abocó, fundamentalmente, a la reconstrucción del país. En esta línea de acción se sancionan los siguientes decretos: concesión ferroviaria para la línea de Puerto Cabello a San Felipe; autorización al Poder Ejecutivo para la solicitud y activación del reconocimiento y pago de los créditos que el gobierno y los particulares tenían contra las Repúblicas de Nueva Granada y Ecuador (19.2.1855); creación de la provincia de Yaracuy, integrada por los cantones Yaritagua y San Felipe de la provincia de Barquisimeto y por el cantón Nirgua de la provincia de Carabobo, cuya capital tendría asiento en la ciudad de San Felipe (19.3.1855); autorización al Ejecutivo para concluir un tratado con el gobierno de Nueva Granada sobre comercio de tránsito (4.5.1855). Por otra parte, se pone en servicio el vapor Orinoco en Ciudad Bolívar. Este vapor perteneciente a la empresa M.T. Grillet & Co., quedaba encargado de la navegación por el Orinoco y sus afluentes; a la par, serviría de correo entre Ciudad Bolívar y Demerara. En mayo de 1856 queda establecida, en forma definitiva, la comunicación telegráfica en Venezuela a raíz de la concesión otorgada al promotor español Manuel de Montúfar. A la empresa que, para tal efecto, creó Montúfar, se le reconoció un capital fijo de 25.000 pesos, divididos en acciones de 125 pesos. Se proyectó, además, la construcción del camino carretero entre Caracas y los valles de Aragua, contrato que sería otorgado a Augusto Permachan.

Monagas, en sus primeros pasos, se orientaba a la consecución de un clima de armonía; de allí que se rodease de hombres de amplia trayectoria, respetados y admirados por la opinión pública. Con motivo de la muerte de José María Vargas, ocurrida en Nueva York el año anterior, se sancionó un decreto en el cual se le concedía al ilustre médico el rango de «catedrático de mérito eminente», disponiendo a la vez, la erección de un monumento que perpetuase su memoria. Al mismo tiempo, se acordó, por decreto, revisar y ampliar el indulto que se había dictado el 28 de octubre de 1854; en consecuencia, se les concedía la libertad a los comprometidos en los movimientos subversivos de Barquisimeto, Portuguesa y Barinas, con la excepción de los comprometidos en la muerte del gobernador Martín María Aguinagalde. A su vez, la logia masónica de Caracas (Logia Esperanza núm. 37) y la de Carabobo, abogaron a favor de una amnistía general, pero, a pesar de la acogida dispensada a tales solicitudes en el recinto de las Cámaras, las peticiones fueron obviadas y los miembros de las Cámaras y gobernadores que inicialmente acogieron tales solicitudes, amonestados gravemente. Monagas, quien había logrado la fusión por conveniencia política de las facciones liberales y conservadoras, progresivamente fue llevando a los conservadores a asumir una velada oposición que se nutría de la renuencia del gobierno a proclamar un decreto de amnistía y la presión en contra del gobierno no se hizo esperar.

En 1856, Monagas se enfrentó a las pretensiones holandesas sobre la isla de Aves y el pago de la indemnización por perjuicios causados a súbditos holandeses en la ciudad de Coro. Al efecto, se decidió, el 23 de marzo de 1856 acatar la solución provisional propuesta por el encargado de negocios de Su Majestad Británica, Ricardo Bingham, en virtud de la cual: 1) se retirarían los buques holandeses que bloqueaban el puerto de La Guaira; 2) se establecería en la isla de Curazao un centro de negociaciones pacíficas sobre el problema de soberanía en la isla de Aves; 3) se establecería un lapso mínimo de 3 meses para lograr una solución amistosa. En caso contrario, se buscaría una solución favorable para ambas naciones en la ciudad de Caracas o en La Haya. El 14 de marzo de 1856, se creó por decreto, la provincia del Táchira, integrada por los cantones San Cristóbal capital, Lobatera y La Grita. El 28 de abril, se decretó una modificación a la ley de división político-territorial, la cual acompañaba la presentación ante las Cámaras de un proyecto de reforma constitucional. Este último sembró desconfianza a todos los niveles con respecto a los propósitos de reelección que alimentaba José Tadeo Monagas; de acuerdo con la nueva división territorial, el número de provincias se elevaba a 21 y se eliminaban las atribuciones de las diputaciones provinciales; de esta manera, quedaban eliminados los gobernadores interinos y se procedió a elegir otros. Esto colocaba en manos del presidente el poder de las provincias ya que se había eliminado la apelación a las diputaciones provinciales. En el cargo de la vicepresidencia se encontraba el hijo político del presidente, coronel Francisco José Oriach. La desconfianza que generaba tal situación se agravó con la sanción, el 29 de abril de 1856, de un decreto por el cual se aumentaba a 10.000 hombres el número de las Fuerzas Armadas.

Al despuntar el año de 1857, 2 eran los puntos centrales de la atención general: 1) la reforma de la Constitución y 2) el proceso revolucionario que se veía venir y progresivamente se iba gestando. El 18 de enero se firmó un nuevo contrato ferroviario con Lorenzo Jove en representación de Sánchez de Agreda, Jove y Compañía; la línea contratada recibiría el nombre de Ferrocarril Central de Venezuela y partiría de Puerto Cabello, pasando por Valencia y la provincia de Aragua hasta Caracas; la misma línea ferroviaria seguiría por San Felipe hacia la provincia de Barquisimeto, Portuguesa y Barinas y representaba una de las obras de mayor envergadura que se podían emprender. Por otra parte, el 17 de febrero de 1857, se suscribió un nuevo contrato ferroviario entre el gobierno y Roberto Syers, Lemoine y Compañía, para la construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira. El clima de descontento llegó a su punto efervescente cuando, el día 20 de abril de 1857, reunidas las Cámaras y en virtud de lo dispuesto en la reforma constitucional, se procedió al nombramiento, como presidente para el período 1859-1861, del general José Tadeo Monagas y como vicepresidente del coronel Francisco José Oriach. Ante esta situación, un movimiento en contra del nuevo gobierno titulado de «usurpación», comenzó en torno a la figura del gobernador de Carabobo Julián Castro. El 5 de marzo de 1858 se pronunció este en la ciudad de Valencia, en contra de Monagas. Simultáneamente, ocurrieron levantamientos en los llanos de Guárico y Cojedes. Con el apoyo de una amplia gama de sectores, marchó Castro hacia la capital. Monagas, abandonado por la mayor parte de sus congresantes y allegados, renunció el 15 de marzo de 1858, exponiendo ante el presidente del Congreso: «...Cuando yo esperaba que el acto de amnistía solicitado por mí y expedido por el Congreso consolidase la paz [... ] he visto con dolor profundo levantarse el estandarte de la discordia...». El depuesto presidente buscó refugio en la Legación de Francia en Caracas, y su salida al exterior fue objeto de controversia entre el nuevo gobierno y los diplomáticos acreditados en la capital, a propósito del llamado Protocolo Urrutia. Finalmente, Monagas pudo salir de Venezuela.

Temas relacionados: Amnistías; Atentado al Congreso; Constituciones de Venezuela (1857); Insurrección de Páez; Ley de Beneficio de Espera; Revolución de Marzo; Tratado de Campo Monagas.