Rubio (Edo. Táchira) 27.10.1922
Político. Presidente de la República, elegido para ejercer la primera magistratura nacional correspondiente a los períodos 1974-1979 y 1989-1994. Fue el penúltimo de los 12 hijos del matrimonio de Antonio Pérez y Julia Rodríguez, pertenecientes ambos a modestas familias andinas vinculadas al cultivo del café. En su ciudad natal cursó la instrucción primaria. Su familia se trasladó a Caracas en 1935, cuando la capital, con el fin del gomecismo, era un poderoso polo de atracción para la provincia. En el liceo Andrés Bello, el joven tachirense hizo estudios de secundaria, graduándose de bachiller en filosofía. En el liceo, siguiendo su temprana inclinación política, actuó como presidente del Centro de Estudiantes. En 1938, se afilió al Partido Democrático Nacional (PDN) que, más adelante, daría origen a Acción Democrática, partido por cuya legalización trabajó con empeño (1941); también participó en la fundación de la Asociación Juvenil Venezolana (AJV), entidad periférica de AD y presidió el primer congreso de esa agrupación celebrado en San Cristóbal. Inició, en 1944, sus estudios de derecho en la Universidad Central de Venezuela, pero los interrumpió por el cambio político que se produjo en el país como consecuencia del 18 de octubre de 1945 que lo llevó a asumir responsabilidades públicas de atención preferente: ocupa el cargo de secretario privado del presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Rómulo Betancourt, desempeñándose además como secretario del Consejo de Ministros. En 1946, fue electo diputado a la Asamblea Legislativa del estado Táchira y en 1947, diputado al Congreso Nacional por la misma entidad federal. Cuando en 1948 fue derrocado el gobierno legítimo del presidente Rómulo Gallegos, fue detenido al participar en los esfuerzos por instalar en Maracay un gobierno de emergencia que supliera, conforme a la previsión de la Constitución, al primer magistrado depuesto por la asonada militar del 24 de noviembre. Ese mismo año contrajo matrimonio con su prima Blanca Rodríguez, unión de la cual nacerían 5 hijos. Permaneció un año prisionero en Caracas (1949), y fue luego expulsado del país. Durante su exilio, siguió sus interrumpidos estudios de derecho en Colombia y Costa Rica, pero no alcanzó a concluirlos. Hubo de volver a Venezuela clandestinamente en tareas de su partido en la resistencia contra el gobierno de Marcos Pérez Jiménez; arrestado de nuevo, fue confinado a Puerto Ayacucho. Tras una segunda expulsión del país, se unió en La Habana a Rómulo Betancourt. Trabajó en la redacción de prensa para los exiliados venezolanos y fue militante activo en la denuncia contra el régimen perezjimenista.
A raíz del 23 de enero de 1958, retornó a Venezuela, dedicándose por entero a la consolidación del nuevo sistema democrático y a la reorganización de Acción Democrática en el estado Táchira. En las elecciones de diciembre de 1958, gana la diputación por el estado Táchira para el quinquenio 1959-1964. Llamado por el presidente Betancourt, es el primer director general en el Ministerio de Relaciones Interiores (1960) y luego, es designado titular de la misma cartera (1962). Como tal, le toca enfrentar enérgicamente los alzamientos guerrilleros fomentados por la izquierda con el apoyo del gobierno de Cuba. El 18 de febrero de 1963 asume provisionalmente la Presidencia, supliendo a Betancourt quien viaja al exterior. Durante los 5 años de gobierno del presidente Raúl Leoni (1964-1969) volvió al Congreso Nacional como jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. En 1968 había conquistado dentro de esa organización el cargo de secretario nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, posición en la cual permanece durante todo el quinquenio presidido por Rafael Caldera (1969-1974). Postulado como candidato de Acción Democrática a la presidencia en las elecciones del 9 de diciembre de 1973, lanza la consigna de «Democracia con energía» y obtiene el triunfo con 2.142.427 votos, seguido por Lorenzo Fernández, de COPEI con 1.605.628 votos; el 12 de marzo de 1974 asume el poder. En el primer año de su gobierno lanza 2 iniciativas de índole cultural: la Biblioteca Ayacucho (calificada colección de las obras maestras de las letras latinoamericanas) y el Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, para la capacitación de varios millares de estudiantes venezolanos en los centros universitarios de más prestigio en el mundo. En 1975 nacionaliza la industria del hierro y al año siguiente, la industria del petróleo. En 1978, por medio de la proclamación de la «zona económica exclusiva», el ámbito de la soberanía de la República resulta ampliado en un área marina y submarina aproximada de 500.000 km2, mediante tratados de delimitación de esas áreas suscritos con el Reino de los Países Bajos-Antillas Neerlandesas, Estados Unidos de América y República Dominicana. Importantes logros internacionales se debieron a iniciativas de su gobierno: así, los tratados Carter-Torrijos sobre el canal de Panamá, la mediación del papa Juan Pablo II en el conflicto del estrecho de Beagle entre Argentina y Chile, la constitución del Sistema Económico Latino Americano (SELA). Al fin de su mandato pudo afirmar la absoluta normalidad registrada en el orden militar durante todo el ejercicio de su quinquenio. Por su desvelo insistente en la protección a la naturaleza y en pro de la recuperación ecológica, recibió en 1975 el reconocimiento mundial del Premio «Earth Care», discernido por primera vez a un jefe de Estado de América Latina. Desde 1976 es vicepresidente de la Internacional Socialista. En 1979 entrega el cargo de presidente a su sucesor Luis Herrera Campins y se incorpora a la Cámara del Senado como miembro vitalicio. A partir de 1980 es nombrado vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, vicepresidente del Consejo de Antiguos Jefes de Estado en Viena y miembro de la Comisión Sur-Sur. El 11 de octubre de 1987 fue escogido de nuevo por su partido, candidato a la Presidencia de la República. En los comicios del 4 de diciembre de 1988 resultó electo con 3.879.024 votos (52,91% de los sufragantes) para el período 1989-1994.
Durante su segundo período de gobierno hubo de enfrentar graves manifestaciones de violencia cívica y militar, una oposición política que no le dio tregua y, antes de finalizar el quinquenio, un antejuicio de mérito ante la Corte Suprema de Justicia por malversación de fondos públicos. A pocos días de comenzar este mandato, Carlos Andrés Pérez resumió la situación económica y fiscal en la que se encontraba el país como muy comprometida. El 16 de febrero de 1989 presentó un programa de ajustes macroeconómicos de orientación neoliberal con cuya aplicación se proponía resolver los problemas nacionales de mayor entidad y encausar sus acciones hacia la normalización de las variables fundamentales. Entre las primeras medidas puestas en práctica estuvo el aumento del precio de la gasolina, lo que incidió significativamente en el encarecimiento del transporte colectivo, por lo que los días 27 y 28 de febrero de 1989 surgieron una serie de protestas, realizadas por quienes viviendo en las ciudades-dormitorios de Caracas debían trasladarse a diario a trabajar en esta capital. El movimiento, que comenzó en Guarenas, se extendió rápidamente a Caracas y otras ciudades -La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Mérida, algunas de Guayana y de los Valles del Tuy-, convirtiéndose en pobladas que fue menester reprimir con todo rigor, incluida la utilización del ejército. No se ha podido determinar la cifra de vidas perdidas en los enfrentamientos, las cuales según partes oficiales estarían por el orden de 300. Con motivo de esos acontecimientos y los excesos represivos, el presidente Pérez perdió mucho de la popularidad que lo acompañó al entrar a ejercer su segundo mandato. A partir de los días siguientes se produjeron varias manifestaciones en su contra, las que conjuntamente con las críticas políticas formuladas por varios partidos y sectores, a él y a su programa, permearon el piso sobre el cual se sustentaba. Las medidas económicas puestas en práctica por su gobierno condujeron en 1989 a una inflación estimada en 84,5% y la economía se contrajo en el orden del 8,1%; sin embargo, las reservas internacionales aumentaron, el déficit de la balanza de pagos se redujo y el déficit público disminuyó del 9,9% del PTB al 1,7%. A partir de allí mejoró la situación macroeconómica con signos positivos en 1990 y 1991. En compensación a las clases populares por las medidas de ajustes el presidente decretó el aumento de los sueldos de la administración pública y del salario mínimo, un programa de becas alimentarias, la política de subsidios directos a los componentes de la canasta alimentaria básica, así como la constitución de 42.000 hogares de cuidado diario y otras medidas en beneficio de quienes mayor impacto soportarían por los efectos de aquellas medidas. No obstante, la compensación no fue tan efectiva como se esperaba y la situación social empeoró progresivamente. En la madrugada del 4 de febrero de 1992 Venezuela entera fue sacudida por un intento de golpe de Estado cuyos dirigentes proclamaban su justificación en el deterioro de la situación social y el aumento de la corrupción administrativa. Derrotada la sublevación por las fuerzas leales al presidente y recluidos sus cabecillas en prisión, Carlos Andrés Pérez se comprometió ante la opinión pública a corregir algunos aspectos de sus medidas; pero la dinámica iniciada no podía ser objeto de contramarchas inmediatas, por lo que el proceso de deterioro político no se detendría. Nuevamente, el 27 de noviembre de ese mismo año, se produciría una asonada militar, esta de mayor gravedad que la anterior debido a la participación de parte de la Fuerza Aérea y por la jerarquía de sus máximos dirigentes, en los grados del generalato y el almirantazgo; pero luego de combates por aire y tierra los sublevados fueron vencidos por las fuerzas que se mantuvieron al lado del presidente. Pese a la derrota de los alzamientos militares, la presión política contra Carlos Andrés Pérez continuó, llegando a expresarse en la propuesta de su remoción del cargo. En marzo de 1993 el fiscal general de la República introdujo una acusación en su contra por malversación de 250 millones de bolívares de la partida secreta por cuyo manejo era responsable. El 20 de mayo siguiente la Corte Suprema de Justicia dictaminó que había méritos para el juicio y el Congreso Nacional, haciendo uso de previsiones constitucionales, resolvió sustituirlo para que dicho juicio continuase. Una vez retirado de la Presidencia de la República fue consignado en el Retén Judicial de El Junquito y de allí, en aplicación de las previsiones legales relativas a límites de edad para el encarcelamiento, pasó a su casa de habitación como lugar de reclusión a la espera de la sentencia del caso. El 30 de mayo de 1996, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por malversación genérica agravada a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario.