El sistema de contabilidad fiscal establecido en Venezuela, y en general en los dominios españoles durante casi todo el período colonial, fue el de «cargo y data», también conocido como «partida simple». Dicho método estuvo en vigencia hasta 1784, fecha en la cual fue sustituido por el de «partida doble»; este a su vez fue derogado provisionalmente en 1787, cuando se restableció parcialmente el primero, que de nuevo fue derogado, ya definitivamente, en 1804. Sin embargo, en Venezuela no se atendió la orden de 1787 derogatoria de la «partida doble», de manera que esta continuó empleándose a instancias de los contadores. El «cargo», en el antiguo sistema, equivalía al ingreso; y la «data» comprendía la relación de los pagos hechos por la administración. El «alcance» era el saldo resultante de los ingresos y gastos. Este alcance podía ser positivo o negativo. Dentro de este régimen contable de la Hacienda Pública colonial, los saldos del cierre de cuentas anuales se incorporaban en el «cargo» el año siguiente, lo cual alteraba los resultados netos de cada ejercicio al arrastrar las diferencias de ingresos y egresos anteriores. La crítica que se le hizo al sistema de la partida simple cuando se propuso su sustitución fue la falta de claridad en los casos en que era requerida una rápida comprobación del estado de las cuentas, por cuya razón era necesario utilizar varios libros auxiliares que hacían muy complejo el sistema, pues en ellos se llevaban separadamente las cuentas de cada rubro, o por lo menos de los principales, como el de almojarifazgo, cuentas de las cajas subalternas, ventas de oficios, minas de cobre de Cocorote; pues la variedad de partidas alcanzó un número de 30 y aun más. Además, cada uno de los oficiales reales llevaba sus propios libros, sin un orden coherente entre sí, que luego se confrontaban con el «común y general», con cuyas cifras debían coincidir, partida por partida, pero que en la práctica diferían porque no era igual el ordenamiento de los rubros ni de los asientos. En ciertos casos era necesario llevar una caja separada pues algunos ingresos tenían una administración particular, lo cual contribuía a hacer complejo, incoherente e inseguro este método contable. Por real orden de 9 de mayo de 1784, se mandó establecer el sistema de la partida doble en todos los dominios españoles en América. Con el objeto de dar la más cabal aplicación del sistema en todas las cajas reales, fueron entrenados en la metrópoli los funcionarios que tendrían a su cargo su establecimiento, impartiéndoseles en la capital española un curso al término del cual se les extendió el título de contadores interventores. Así instruidos, fueron enviados a las distintas regiones americanas, colocándoseles al frente de la administración de aquellas cajas, distribuidas en intendencias de Real Hacienda, creadas con fines puramente administrativos a partir de 1776. Para Caracas fue nombrado el contador José de Limonta, quien había viajado a Madrid a conocer y ejercitarse en la moderna técnica, con gastos a cargo de las cajas de Caracas en las que se desempeñaba en función subalterna desde 1781. El título de contador le fue extendido por orden de 26 de febrero de 1787, «...para establecer la instrucción práctica y provisional de la Partida Doble en todas las Cajas, Tesorerías y Administraciones de la Real Hacienda del Distrito de esta Intendencia General...», según escribió al secretario de Estado el intendente Francisco de Saavedra (31.5.1787). Limonta a su vez instruyó en el sistema al personal subalterno que tendría bajo su responsabilidad en su condición de contador mayor. Ese personal ofreció inicialmente cierta resistencia, pero habiendo recibido suficiente instrucción sobre el nuevo método, admitió sus ventajas sobre el antiguo y lo adoptó ya sin reserva alguna, estableciéndolo muy sólidamente en todo el distrito de la intendencia. No ocurrió lo mismo en otras partes de América, entre ellas el virreinato de la Nueva España (hoy México), dividido en varias intendencias, y cuya oposición obligó a la Corona a restablecer parcialmente el sistema de cargo y data, en tanto se instruía mejor al personal de la Real Hacienda y se le familiarizaba con las normas de la partida doble, «...por lo trabajoso que es siempre desterrar prácticas antiguas para establecer las nuevas, por la poca instrucción de los subalternos...» (real orden de 25.10.1787).

Atendiendo pues, a esas razones y ante el temor de los perjuicios que podría acarrear a la Real Hacienda la aplicación errada del nuevo método, decidió la Corona suspender parcial y provisionalmente su orden de 1784, «Hasta que todos los funcionarios estén cabalmente instruidos en él...» El restablecimiento de la partida doble en todos los dominios españoles se produjo por real orden de 18 de julio de 1804, quedando desde esa fecha firmemente y sin ulteriores reformas. En Venezuela no se produjo la alteración de la orden de 1784, gracias al cuidado que tuvo Limonta de instruir previamente a su personal, aunque para conservar las apariencias, con la autorización del intendente y aprobación del Tribunal de Cuentas de Caracas cambió la denominación de los libros adoptando los nombres del antiguo sistema. Así, el diario se llamó manual; el debe, cargo; el haber, data; y el balance, data de existencia. El intendente de Caracas hizo gestiones ante las autoridades superiores de Hacienda en Madrid, para que permitiesen la continuación del sistema de la partida doble en estas cajas, no obstante las objeciones de los oficiales reales que denunciaron ante la Junta Superior de Hacienda en Madrid, el ardid aplicado por el intendente y el contador para sostener la partida doble. Esa Junta desestimó la representación de aquellos oficiales y por el contrario acogió la sugestión del intendente y del contador y por decreto de 18 de septiembre de 1789, autorizó la aplicación en el distrito de la Intendencia de Caracas «...del método de la Partida Doble...». En posesión ya de este fallo del más importante cuerpo en materia de Hacienda, de España y todos sus dominios, el Tribunal de Cuentas de Caracas a cuyo frente hallábase Limonta, procedió a establecer con todo rigor y firmeza el nuevo método, en todo el distrito de la Superintendencia, por acuerdo de 19 de mayo de 1794, «...aprobado tácitamente por S.M....», según palabras del propio Limonta, quien agrega que se había «...adoptado generalmente sin haberse experimentado dificultades en su práctica, antes bien muchas utilidades en el servicio de la Real Hacienda...». Finalmente, escribió: «...En Real Orden de 18 de julio de 1804 se aprobó expresamente el nuevo método de formar las Cuentas de Real Hacienda por Partidas Dobles, el índice de las que deben abrirse en los Libros Reales, y el modelo para el Estado General de valores que propuso el Tribunal de Cuentas en 26 de noviembre de 1798...». 

A partir de 1810, la alteración del orden político de la colonia produjo un suspenso en la Real Hacienda de la capitanía general y este se convirtió en un grave vacío con motivo de la declaración de independencia en 1811. Los funcionarios españoles, únicos conocedores del sistema de contabilidad por partida doble, debieron abandonar sus puestos de trabajo y en consecuencia los registros contables se redujeron a precarias anotaciones de caja y en muchas ocasiones a ninguna. En 1815 quedó implantado de nuevo el control y la partida doble; pero en general se puede afirmar que durante los años de la guerra de emancipación los registros fueron irregulares y se prestaron para la comisión de fraudes de Tesorería. El 14 de octubre de 1830 el gobierno de José Antonio Páez promulgó una ley sobre organización de Hacienda nacional en cuyo artículo 15 se mandaba a llevar la contabilidad fiscal por el método de partida doble; sin embargo, al examinar los libros correspondientes a la época parece más bien como si hubiesen sido manejados sin mucho conocimiento técnico, resultando de ello un sistema mixto de partida simple y partida doble aplicado con alguna consistencia que al menos le daba carácter de uniformidad. Durante el siglo XIX republicano y parte del XX no se prestó mayor atención en Venezuela a la necesidad y conveniencia de hacer una buena contabilidad. En la administración pública las leyes y ordenanzas lo imponían; pero el cuidado en el trabajo y la preparación técnica de los funcionarios de Hacienda dejaban mucho que desear, por lo menos hasta la imposición de las reformas de Román Cárdenas (1918). En el campo privado, la escasez de contadores suficientemente capacitados y la precariedad de las actividades económicas en casi todos los órdenes no alentaban a los empresarios a llevar buenos registros, salvo las grandes casas comerciales y los bancos, debido al volumen de sus operaciones de crédito, depósitos, compra-venta, relaciones exteriores, etc., que obligaban mantener información eficiente y al día. Sin embargo durante el XIX existió alguna preocupación por la materia que se plasmó en obras escritas como la de Ramón Irady, Conocimientos jenerales de la teneduría de libros por partida doble (se tiene noción de la segunda edición aumentada, Caracas: Fermín Romero, 1836) y Curso completo de teneduría de libros por partida doble (sexta edición, Caracas: Rojas Hermanos, 1882); y Bonifacio Coronado Millán,Teneduría de libros por partida doble (Caracas: Alfred Rothe, 1868). Lo que dio un impulso sustancial a la contabilidad en Venezuela fue la promulgación y entrada en vigencia el 1 de enero de 1943 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Todos los eventuales contribuyentes se vieron en la obligación de mantener una información confiable y veraz para los efectos de las declaraciones de este tributo y de las fiscalizaciones de que podían ser objeto. Se crearon escuelas de contabilidad en Caracas y en las principales ciudades del país; algunas personas medianamente versadas en la materia recorrieron pueblos medianos y grandes ofreciendo cursos de breve duración a los dueños de negocios, todo esto para preparar el personal que la aplicación de la ley requería; el Estado auspició la enseñanza y fundó en Caracas un plantel (Instituto de Administración y de Hacienda, convertido luego en Instituto de Comercio Santos Michelena) donde fueron formados jóvenes que luego serían empleados como contadores y fiscales. Los contadores de Caracas, que en 1942 se habían agremiado, consolidaron su organización y propugnaron el empleo de técnicas uniformes siguiendo modelos norteamericanos y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Poco después se comenzarían a dictar cursos universitarios y, gracias a la amplitud con que se extendió la constitución de compañías anónimas, a la promulgación del Código de Comercio de 1942, a la aprobación de otras leyes fiscales, a la mayor complejidad de las actividades económicas y la notable extensión ocurrida en el crédito bancario y mercantil en la década de 1950, se fueron haciendo cada vez más imperiosas las necesidades de aplicar claros y detallados registros contables, que para 1990 presentaban evidencias de una técnica depurada convertida en carrera universitaria que ya ha exigido la promulgación de una ley del ejercicio de la contaduría pública e impuesto la creación de esta carrera en casi todas las universidades del país.