Las primeras organizaciones patronales (OP) propiamente dichas establecidas en Venezuela datan de finales del siglo XIX y comienzan a formarse antes que las organizaciones sindicales. Por tanto, no surgieron como contrapeso de estas sino como grupos de defensa gremial y de presión ante los poderes públicos, en medio de las difíciles condiciones por las que atravesaba el país, asolado por profundas contradicciones y conflictos sociopolíticos, con gobiernos inestables que no garantizaban la paz necesaria para la expansión de las actividades económicas. Protección y ventajas (fiscales y aduaneras) fueron, por lo tanto, las primeras demandas de las organizaciones patronales ante el sector público.

Antecedentes coloniales: Estas organizaciones son fruto de un largo proceso de desarrollo que se remonta hasta la Colonia y reflejan los cambios ocurridos en la economía colonial durante más de 300 años. En ese proceso, la formación y desarrollo de las organizaciones patronales ha estado siempre ligada al problema del poder, como manifestación de organizadores de empresas que no se encontraban aislados dentro del mero contexto de sus establecimientos comerciales, agropecuarios, industriales o artesanales, sino volcados además a la construcción de la sociedad, politizando, por supuesto, sus funciones como condición para mantener y reproducir su existencia como grupo hegemónico. Sus antecedentes más lejanos se pueden ubicar en los gremios artesanales que existieron en el período colonial, especialmente cuando la economía mercantil había alcanzado, en los núcleos urbanos, cierto nivel de desarrollo y se había introducido la forma embrionaria del taller o fábrica tipificada por un patrono, dueño de los instrumentos de producción y con autoridad absoluta sobre su personal y por un maestro con unos operarios y aprendices bajo su dirección, quienes a su vez mantenían adhesión a su patrono y a su negocio. Aquellos gremios eran organizaciones de defensa de sus miembros asociados, no solo dentro de los talleres artesanales (velando por la calidad de los productos elaborados, por los fueros de maestros y oficiales, por el cumplimiento de normas como son el tiempo y el tipo de aprendizaje de los operarios y la prohibición de trabajadores esclavos que suplantasen a los aprendices, etc.), sino también representándolos en la formulación de reclamos y peticiones ante los cabildos municipales y otros organismos del Gobierno colonial. Otro antecedente, más orgánico y notorio, fue el Real Consulado de Caracas, como organización conformada por los intereses de comerciantes, mercaderes y hacendados en idénticas condiciones de número e injerencia en su funcionamiento. Tal fusión de sectores solamente se dio en Venezuela, por cuanto los consulados establecidos en otras regiones de América eran órganos de un solo sector: el de los comerciantes. Aquel organismo garantizó un ritmo mayor de acumulación de capitales de sus grupos asociados, acrecentó la capacidad productiva de la provincia de Venezuela, multiplicó la riqueza social colonial y amplió los mercados de productos agrícolas y ganaderos. Creado por real cédula de Carlos III en 1793, este organismo fue autónomo para examinar las disputas entre los miembros de los 3 sectores y juzgarlas sumariamente como tribunal mercantil; pero también fue un órgano de fomento económico colonial que buscó lograr incentivos fiscales para la producción agropecuaria nacional y su comercialización, así como el derecho a imponer tributación sobre el valor del comercio de mercaderías.

Siglo XIX

Concluida la Guerra de Independencia y ante la grave crisis política, económica y social que este conflicto dejó como secuela, se crearon un conjunto de instituciones y sociedades gremiales que constituyeron eslabones importantes del proceso de formación de las organizaciones patronales de Venezuela. Es el caso de la llamada Sociedad Económica de Amigos del País, que tuvo una existencia precaria (1829-1847), fundada en Caracas, Maracaibo, Coro, Apure, Mérida, Cumaná y Carabobo, y a la que pertenecieron notables médicos, educadores, militares, escritores, artistas, abogados, y también comerciantes, agricultores, industriales y artesanos. De esta sociedad surgieron algunas propuestas que sirvieron de orientación para el Estado en materia económico-social, en especial las dirigidas a fortalecer a los grupos empresariales de entonces, tales como: la unificación de la moneda, el proyecto de creación de bancos, la reglamentación de asociaciones particulares y gremiales, la exoneración de impuestos al cultivo del trigo, la rebaja de impuestos a la exportación de café y ganado, la fundación de escuelas de artes y oficios; pero lo más importante fue que contribuyeron a delinear una concepción liberal, manchesteriana, que se hizo política de Estado sobre todo en el campo económico, donde había ausencia notoria de lineamientos programáticos. En la década de 1840, en la región centro-costera, se crearon las Sociedades Agrícolas (también denominadas de agricultores) con el objeto de incrementar la producción agrícola y pecuaria, de proteger los intereses de los propietarios del campo ante la agresión del capital usurario y del mismo comercio, de combatir la ley de 10 de abril de 1834 y las que consideraban eran arbitrariedades del tribunal mercantil, de luchar por leyes protectoras de la agricultura y la cría con el fin de sacarlas de la ruina que sufrían (como fue la intención del proyecto del Instituto de Crédito Territorial presentado en 1845 Por el licenciado Francisco Aranda); en fin, de crear imprentas y periódicos como El Agricultor de Caracas para ventilar sus problemas, preocupaciones y proyectos ante la opinión pública. Es interesante resaltar que estas sociedades agrícolas no solamente se organizaron en defensa de los intereses económicos y gremiales de sus miembros, sino también para servir de pivote organizacional y logístico del movimiento popular que desembocó en la Guerra Federal. En esa contienda se desarticularon muchas estructuras, incluyendo los gremios como tales. Campeó la dispersión así como la anarquía en hombres, regiones y organizaciones. El mercado era inexistente y solo sobrevivieron algunas industrias incipientes. En el fragor de la guerra desaparecieron, definitivamente las relaciones sociales de producción esclavistas y ello produjo un éxodo de mano de obra (antes esclava) hacia las ciudades donde era ocupada, buena parte de ella, en artesanías y talleres manufactureros. En medio de este cuadro, en 1862, decide el gobierno de José Antonio Páez revivir el Gremio de Artesanos, organizado y fortalecerlo. Lo crea por decreto con el objeto de ampliar la base de sustentación del Gobierno y de apuntalar los núcleos de desarrollo capitalista que no habían sido devorados por la guerra. El decreto contemplaba que dicho gremio se reuniese periódicamente y auxiliase mutuamente a sus asociados, construyera sede propia, estableciera periódicos y defendiera en ellos sus proyectos políticos y gremiales. Es de hacer notar que, para esta década de 1860, existía en La Guaira un gremio de comerciantes dirigido por Rafael Gonell, respaldado por numerosas firmas mercantiles, especialmente alemanas e inglesas: Schimmel, Schróder, Neckelmann Roosen, Wejshaest Behm, Blohm, Hagan, Rothe, Halm, Hahn, Róhl, Boulton, Nolting, entre otras; gremio que estuvo involucrado en la promulgación del Código de Comercio de 1862, redactado por Modesto Urbaneja y vigente hasta 1873. Este gremio de comerciantes sirvió de apoyo político al gobierno de Páez, e incluso aupó giras del secretario general de gobierno Pedro José Rojas al interior del país. Por otra parte, el Gremio de Artesanos se acrecentó después de la contienda, cuando aprovechó el auge del café, el establecimiento de manufacturas y la política migratoria que trajo a Venezuela algunos artesanos extranjeros, especialmente alemanes y españoles. Este gremio tuvo papel destacado en la conquista de una educación pública gratuita, universal y obligatoria, decretada por Juan Bautista Dalla-Costa en Guayana en 1868 y luego, por Antonio Guzmán Blanco, a escala nacional, en 1870. En la década de 1870, el auge del café se detuvo y devino en caída a raíz de la baja en los precios internacionales del grano. Muchos productores del mismo, al igual que artesanos, entraron en crisis, y el financiamiento de sus actividades productivas se volvió oneroso y escaso, dado que las fuentes del crédito estaban bajo el monopolio de casas comerciales extranjeras. Lo mismo sucedía con el movimiento industrial que emergía, débil todavía, al calor de dicho auge: en 1843, Juan José Vial había fundado la Fábrica Nacional de Papel, en 1858 se instala el primer telar mecanizado de pabilo, en 1861 Diego Campbell y H.L. Boulton establecieron Molinos de La Guaira y una empresa de clavos de hierro, en 1870 se crea la C.A.Telares de Valencia, en 1875 se funda la empresa de cigarrillos El Cojo, amén de numerosas firmas industriales de tejidos, zapatos, cerveza, fideos, crema de arroz, drogas, fósforos, velas, jabones, etc. Este sector manufacturero, junto al artesanal y al cafetalero, en rara alianza histórica, y ante la escasez del crédito, como dijimos, y la monopolización del mismo por parte de las grandes casas mercantiles, deciden la creación de las conocidas sociedades de mutuo auxilio. Estas Sociedades (verdaderos gremios empresariales, matriz de las posteriores cámaras de industriales fundadas en el siglo XX en el país) se crearon preferentemente en las capitales de los polos regionales de desarrollo capitalista (Ciudad Bolívar, Puerto Cabello, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal, etc.), con el objeto de defenderse del capital comercial usuario, de permitir la fluidez de la acumulación de capital en esas localidades que garantizaran el financiamiento de sus actividades productivas para las cuales se requería la creación de bancos y de cajas de ahorros cuyos servicios serían prestados a los artesanos, industriales y productores cafetaleros de las localidades donde aquellas se instalaran. Igualmente se propusieron esas sociedades impulsar los estudios de bachillerato, establecer exposiciones industriales, agrícolas y artesanales (ejemplo notable fue la realizada en 1883 en Caracas a raíz del primer centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar) lo mismo que las ferias regionales como las de Táchira, amén de propiciar la proliferación de sociedades agrícolas y el fomento de caminos, ferrocarriles y cultivos. Es de hacer notar que el Banco de Maracaibo surgió del seno de la Sociedad de Mutuo Auxilio de la capital zuliana.

El desarrollo cafetalero a finales del siglo XIX, (el café representaba el 54% del total de exportaciones del país para 1880 y aumenta al 74,2% para 1890), la presencia monopólica de las grandes casas comerciales y la conexión del país con los mercados mundiales, motivaron una expansión de las actividades comerciales (servicios, banca, seguros...), y de sus sectores representativos, en particular en los focos regionales de desarrollo capitalista referidos y, por supuesto, Caracas y La Guaira. Es entonces cuando surgen las cámaras de comercio en algunos de esos lugares como organizaciones patronales propiamente dichas. Desde el primer momento, aquellas cámaras creadas entre 1893 y 1895 (la de Caracas 1893, la de Puerto Cabello y la de Maracaibo en 1894) van a actuar como organizaciones patronales auténticas, en el sentido de ser grupos de presión para recomendar a los gobiernos la adopción de políticas económico-sociales que resultasen beneficiosas para sus agremiados. Pero, también, era necesaria, obligada y manifiesta la politización de sus funciones, manteniendo por supuesto su autonomía institucional en una lucha por sobrevivir y conservar sus conquistas en medio de un país despedazado como Venezuela, aflijido por inestabilidad, guerras y frecuentes cambios políticos. Desde un principio la iniciativa de crear estas cámaras partió del comercio alemán e inglés que afincaban sus raíces en esos lugares o puertos, donde operaban monopolizando una economía orientada hacia un mercado de exportaciones. Se sabe que la fundación de la Cámara de Comercio de Maracaibo, por ejemplo, se dio por iniciativa expresa de las casas H.L. Boulton, Blohm y Cía., y Minlos Breuer y Cía., de esa ciudad. Desde los primeros años de existencia de estas cámaras, la defensa patronal fue delineada sobre un punto de honor: el respeto a la propiedad. La actividad desarrollada por las diferentes cámaras fue prolífica: se opusieron a la creación del Banco Anglo-Venezolano que promovió el gobierno de Joaquín Crespo (1893), como también a la del Banco Municipal; propusieron al Congreso la elaboración de una Ley de Bancos; se ocuparon de resolver consultas y controversias de carácter arancelario; llevaron a cabo una ruidosa campaña contra comerciantes «marroquíes» o «turcos» quienes, en su sentir, competían deslealmente contra el comercio al detal criollo; motorizaron la construcción de muchas obras públicas; estuvieron presentes en campañas contra las epidemias que azotaban al país; lucharon por la estabilidad política y social; reafirmaron el valor del ahorro y del trabajo; resaltaron el espíritu de excelencia empresarial y el respeto a la palabra empeñada; y sobre todo, promovieron un conjunto de medidas legales que, en el ramo minero (donde había presencia de capitales criollos pero también alemanes e ingleses), se requerían con urgencia para ordenar las relaciones obrero-patronales que ya comenzaban a volverse conflictivas, por cuanto era este ramo donde se presentaba el mayor grado de explotación del trabajo y absorbía el mayor número de mano de obra, salvo la agricultura. Así se decreta la Ley de Minas de 1883 que establecía la facultad de impedir desórdenes entre los trabajadores y peones y proteger a las empresas y patronos contra motines y asonadas; lo mismo normaba el Decreto Orgánico del Ramo de Minas de ese año y el Código de Minas de 1885. Para 1891 se dicta un nuevo Código de Minas donde se obligaba al ingeniero-inspector de las obras a averiguar las causas de huelgas, que ya se presentaban, y a actuar como conciliador; y en el Reglamento de dicho Código se señalan como faltas graves de policía tanto las huelgas como las sublevaciones contra los directores de empresas, e incluyó dentro de las obligaciones de los inspectores de trabajo, la de velar porque los sueldos y salarios devengados por los trabajadores fueran pagados con puntualidad. Y en 1893, vuelven a dictar un nuevo Código de Minas donde se estipulan las horas de trabajo de los mineros, sus salarios y fechas de pago. En 1894 se prohíbe, mediante Ley de Inmigración, el truck system (sistema de trueque) como forma de pago del jornal. Precisamente es en el renglón minero donde se nota de manera manifiesta el papel patronal de las cámaras de entonces. En fin, estas organizaciones patronales mantuvieron una posición firme y decidida en favor de los empresarios venezolanos, preferentemente comerciantes y mineros, cada vez que estuvieron en pugna, en materia económica, con políticas gubernamentales o con sectores industriales del país. El sistema de organización que dominó para la creación de estas cámaras de comercio, fue el llamado «modelo inglés» en contraposición del «modelo francés», según César Casas Rincón. En tal sentido, la idea de fundarlas era la de no crear un organismo oficial ni paraoficial, sino una especie de estamento, valga la expresión, que se diferenciara claramente en la sociedad para ejercer con más independencia un liderazgo sobre la misma. Bajo este «modelo inglés» surge el movimiento verdaderamente patronal venezolano en la última década del siglo XIX.

Siglo XX

Para fines del siglo XIX no había legislación que regulara las actividades de las cámaras de comercio en Venezuela. Es el Código de Comercio de 1904 el que inició su regulación, en el título 11, Sección 01 que trata de los «Auxiliares e intermediarios del Comercio» al señalar que las cámaras de comercio se compondrán «de los comerciantes al mayor, los jefes de establecimientos industriales, los capitanes de buques y los corredores y venduteros con carácter público».

En las primeras décadas del siglo XX, Venezuela sufrió muchas crisis (cafetalera, cacaotera, comercial, monetaria, fiscal, etc.), en especial la resultante de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la consiguiente derrota de Alemania en ella, cuyos efectos directos se hicieron sentir en particular sobre las casas comerciales alemanas radicadas en Venezuela y que habían sido entusiastas promotoras de las cámaras de comercio. Ello produjo una pérdida de importancia de estas últimas; incluso, las de Carúpano y Valencia paralizaron sus actividades, la de Maracaibo estancó su desarrollo inicial y solo reanudaron sus funciones en 1921, cuando se reunió en Caracas el I Congreso de Agricultores, Ganaderos e Industriales de Venezuela, lo cual significó que las cámaras dejaran de ser organizaciones patronales exclusivamente del sector mercantil, incorporando ahora a otros sectores productivos. El auge del negocio petrolero (para 1926 había sobrepasado en importancia a todas las demás exportaciones venezolanas) y la creciente entrada de divisas al mercado venezolano, trastrocaron la vieja economía, sustentada en el café, cacao y cueros y produjeron una expansión definitiva del desarrollo capitalista en el país. Al calor de este desarrollo, crecieron otras capas sociales y las nuevas luchas sociales y políticas, sobre todo a partir de 1928, buscaron darle a Venezuela salidas democráticas a sus problemas. Surge entonces, con perfiles definidos, la clase obrera venezolana y ello obliga a las cámaras de comercio a profundizar sus derroteros, a mayor conciencia de su papel de gremio representativo de los patronos, a activar su participación en la elaboración de políticas económicas y sociales por parte del sector público, presionando o confrontando sus intereses con los de otros sectores. Los primeros movimientos huelgarios ocurridos en los ferrocarriles, en la Corporación del Puerto de La Guaira, los conatos huelgarios en la industria petrolera y en otros ramos, como el telegráfico, las luchas reivindicativas de los maestros, etc., son una clarinada y una advertencia para las cámaras de comercio de replantear su papel en la vida del país, a preocuparse muy de cerca por los problemas del Estado nacional e incorporarse en la toma de decisiones fundamentales en las relaciones capital-trabajo que emergían, como en el caso de las primeras regulaciones laborales realizadas en 1928. Al efecto, el crecimiento de la industria, con empleo manual de personal numeroso, la existencia de muchos litigios surgidos en la determinación de las indemnizaciones que debían corresponder a los trabajadores en caso de accidentes laborales, reclamaron una Ley del Trabajo que regulara las relaciones entre patronos y obreros, y derogara la vieja Ley de Talleres y Establecimientos Públicos de 1917; además, que estableciera el tiempo de la jornada diaria, tomara medidas sobre las enfermedades profesionales que comenzaron a ser frecuentes; que consagrara la libertad en la cual se encontraban los patronos y obreros de acordar los sueldos y salarios de estos últimos; que estableciera el derecho de los trabajadores de asociarse para determinar en común las condiciones de trabajo que podían exigir a sus patronos, e igualmente consagrara el derecho de los patronos a asociarse también. Antecedentes de estas normas laborales que surgían bajo la dictadura gomecista, se encuentran en la legislación nacional de minas del siglo XX. Ya en el presente siglo, se dicta el Código de Minas de 1909 que estableció que las controversias entre patronos y trabajadores, serían decididas por «árbitros arbitradores» nombrados por ambas partes; ordenó además que se eliminara definitivamente el truck system y se pagara en numerario, mensualmente y en los sitios de trabajo. Luego se decretó el código minero de 1910 y posteriores leyes sobre la materia en 1915, 1918, 1920, 1922 y 1925. Todo ese proceso culminó en 1928 con los intentos del Congreso Nacional de regular con ley especial las relaciones obrero-patronales. Esta nueva situación obliga a las organizaciones patronales a centralizar sus esfuerzos en una estructura nacional, única, de objetivos homogéneos, y con clara visión de sus intereses, ante los requerimientos sindicales e históricos en juego. La Cámara de Comercio de Caracas toma la iniciativa en tal sentido y llama a constituir un «Organismo Central Representativo», para el cual convocó al resto de las cámaras del país a una reunión en Caracas, en 1935, esfuerzo que no cristalizó pero quedó el intento como uno de los prolegómenos de Fedecamaras. Con la muerte de Juan Vicente Gómez aparecen los partidos políticos modernos, organizados nacionalmente, incluso los marxistas, estalla la huelga petrolera de 1936-1937y la clase obrera empieza a recorrer su camino de estructurarse a nivel nacional y superar la dispersión de sus inicios. El censo de 1936 informa que existían en Venezuela 134.630 trabajadores urbanos y en ese mismo año se celebró el Primer Congreso de los Trabajadores de Venezuela. Junto a estos procesos, se multiplican las organizaciones patronales y aumentan su peso específico en la vida del país: son creadas las cámaras de comercio de San Cristóbal, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, San Fernando de Apure, Cumaná, Puerto Cabello, que se suman a las de Caracas, Maracaibo, Valencia y Carúpano. Dos acontecimientos son decisivos en la búsqueda de la unificación orgánica nacional de las organizaciones patronales; uno, es la discusión y aprobación de la Ley de Trabajo de 1936 que consagró entre otras cosas importantes, la contratación colectiva obrero-patronal y la actuación del Sindicato de Patronos; y el otro acontecimiento fue la reforma del Código de Comercio de Venezuela en 1939, que el Gobierno envía para su estudio en las cámaras de comercio existentes. A propuesta de la Cámara de Barquisimeto se realizó, en ese mismo año, una Asamblea Nacional en Valencia, donde estaban representadas todas las cámaras de comercio existentes para aquel entonces y se aprobó un conjunto de proposiciones en torno a la reforma de dicho Código. Es de recordar que en la década de 1930, con la revaluación del bolívar (el dólar bajó de 6,98 a 3,04 bolívares), con el hecho de no haber tomado medidas de ajustes arancelarios, aunado a la baja de precio del café en los mercados internacionales, se produjo, por una parte, una crisis severa en el sector cafetalero, y por la otra, la industria también entró en crisis, particular y duramente afectada por la firma del Tratado de Reciprocidad Comercial con EE.UU., en 1939, por medio del cual Venezuela se comprometió a no modificar los bajos aranceles de un grupo numeroso de productos. Todo esto obligó a los industriales a tomar posición en defensa de la industria nacional, lo cual desemboca en un movimiento gremial que va a crear en 1939 la Cámara de Industriales de Caracas donde se incorporaron, como miembros constituyentes, no solo los industriales de la capital venezolana, sino también de Maracay, Valencia y otras zonas. A todas estas, la cuestión petrolera siguió avanzando con sus secuelas: apuntaló la creación del mercado nacional e impulsó los procesos de integración nacional, factores estos que imponían la tendencia a reducir la dispersión de las organizaciones patronales para hacerle frente a las nuevas realidades.

En esa dirección, se funda la Cámara Venezolana de la Construcción; la Cámara de Comercio de La Guaira, en 1943, toma la iniciativa de proponer la formación de un «Consejo Permanente Nacional», que contó con el apoyo de la Cámara de Caracas. Al efecto, se realizó una reunión preparatoria y luego una segunda que se constituye en la I Convención Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, sentando las bases para que el 17 de julio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, se funde la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras), como máxima expresión de las organizaciones patronales de la Venezuela contemporánea y en representación de 22 cámaras y asociaciones existentes. Fedecamaras es la culminación de aquel largo proceso por unificar y cohesionar el empresariado nacional y en sus mandos se han alternado sus 3 grandes sectores matrices: comerciantes, industriales y grandes productores del campo. Fedecamaras se funda calcando los ideales que llevaron a los empresarios de América a crear en 1941 el Cicyp (Consejo Interamericano de Comercio y Producción). Entre los factores que dieron lugar a la fundación de Fedecamaras, además de los nombrados, están: la coyuntura que estremeció al mundo con las secuelas de la última contienda armada mundial; la incipiencia de nuestro desarrollo económico que suavizaba los conflictos intersectoriales de la producción; el surgimiento, en lo nacional, de un Estado poderoso frente a las actividades económicas privadas; y sobre todo, el florecimiento de una conciencia empresarial de hacer de Fedecamaras una «fuerza integradora de la economía nacional» como lo señaló el desaparecido empresario Alejandro Hernández. A partir de allí, de 1944, se van aglutinando las organizaciones patronales y uniformando un cuerpo doctrinal sobre la empresa privada. A la par, también los trabajadores van perfilando e incrementando su propia organicidad clasista nacional: en 1947 se realiza el Segundo Congreso Nacional de los Trabajadores en medio de un incremento en las luchas sindicales por elevar el nivel de vida de sus agremiados; estallan huelgas largas y sonadas como la textil; la situación era realmente crítica: había problemas de abastecimiento, la inflación avanzaba, los jornales eran bajos, y crecía el problema de la pobreza. Esto motivó la realización de una histórica reunión en 1948 entre Fedecamarasy los sectores sindicales organizados para acordarse sobre materias que mantenían al país en constantes conflictos laborales. Ocurre el golpe de Estado contra el presidente Gallegos, pero la agitación sindical no se detuvo inmediatamente por la acción militar; ello obligó a que en la Convención Nacional de Fedecamaras reunida en Barquisimeto en 1949, con 28 cámaras afiliadas asistentes, se aprobara la creación de juntas de avenimiento y conciliación con los trabajadores, hecho transcendental que marca un hito histórico en la conducta de las organizaciones patronales de no abroquelarse en posiciones irreductibles frente a sus trabajadores cuando de por medio están los más altos intereses del país. A esta estructuración orgánica nacional y doctrinal de las organizaciones patronales en la década de 1940, contribuyó de manera notable Carlos Fleury Coello. Caída la dictadura perezjimenista en 1958, adviene un período crucial para las organizaciones patronales en Venezuela, en especial durante los años 1958-1959, donde se desarrolló una intensa actividad sindical de organizaciones obreras que emergían, luego de un largo receso. Se crea el Comité Sindical Unificado y se convoca el Tercer Congreso Nacional de Trabajadores de Venezuela en 1959, evento donde surge la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela). Ante estos acontecimientos en el mundo del trabajo, con acrecentadas exigencias orgánicas y reivindicativas, Fedecamaras adquiere un papel más activo en sus relaciones no solo con los trabajadores organizados sino con el sistema de poderes que surgió en ese momento histórico: se acoge a las reglas del juego democrático, comienza a producirse un acercamiento cada vez mayor entre las organizaciones patronales y el sector político y se logra además, con los sindicatos, un acuerdo de paz social decisivo en el mantenimiento de la democracia restituida, dentro de los marcos programáticos del llamado Pacto de Punto Fijo que, a decir de Ramón J. Velásquez, era pentagonal, es decir, conformado por los partidos políticos (AD, Copei, URD), las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el poder sindical y Fedecamaras. Desde entonces se han producido procesos intensos de diversificación y proliferación de las organizaciones empresariales afiliadas. Así, en 1960 se celebra en Cumaná la I Asamblea Anual de Fedecamaras con más de 77 organizaciones afiliadas concurrentes. Allí se ratifica la paz social pactada con el movimiento sindical a través de un Acuerdo de Avenimiento, se da respaldo a la política de industrialización nacional propuesta por el Gobierno y apoyo a la democracia ante las amenazas de golpes de Estado. En 1961 ya son 93 los afiliados, y en 1962 (la XVIII Asamblea Anual) pasan a 114 los miembros filiales, convención esta decisiva en la historia de Fedecamaras por cuanto se aprueba la llamada Carta Económica de Mérida en un momento delicado de recesión económica, de desempleo, de tensiones sociales, donde se replanteaba el papel de las organizaciones patronales y se llamaba a fortalecer la conciencia empresarial, a participar más en el desarrollo del país. En dicha Asamblea se llamó a la unidad gremial que comenzaba a resquebrajarse y se delineó una estrategia a mediano plazo para atacar y doblegar el intervencionismo económico del Estado y defender la libre iniciativa en la economía del mercado. La Asamblea celebrada en 1963 en Barcelona fue calificada por lo propios empresarios como dramática, no tanto por la situación del país sino porque hubo serios enfrentamientos intersectoriales en torno a la redefinición de Fedecamaras en los que algunos sectores se empeñaban en atar la organización a sus intereses particulares por temor a que los mismos fueran lesionados en medio del debate de los proyectos de leyes de Reforma Agraria y de Estabilidad en el Trabajo; del otorgamiento de títulos de propiedad a los parceleros en diferentes partes del país; por la posición frente al proyecto político interamericano de Alianza para el Progreso; sobre la regionalización de las actividades de Fedecamaras y las zonas del libre comercio latinoamericano. Pero sobre todo, se realizó un serio debate sobre la definición de Fedecamaras, la reformulación de su papel como organización patronal y la reafirmación de la paz laboral con la CTV. A tal efecto, se hizo un llamado a despolitizar o despartidizar las actuaciones del organismo empresarial como requisito para su unidad interna, y se precisó además que Fedecamaras «no es un órgano ejecutivo del poder público en Venezuela» sino una organización reivindicativa, gremial orientada a «dar contenido orgánico a la visión del sector empresarial» según se desprende de los acuerdos. Tal posición ratificó el camino inicial del modelo inglés que escogieron los empresarios para fundar las cámaras de comercio en el siglo XIX en Venezuela. También en esa Asamblea se estudió la posibilidad de transformar a Fedecamaras en una Confederación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, proposición que no se logró, pero que revivió 30 años después en 1993. Para este año eran 141 el total de miembros afiliados. La posición autonomista de Fedecamaras frente al Estado se discutió de nuevo en 1964 en Maracay donde se definieron los campos del empresariado y los de la administración del Estado, es decir el Estado visto como empresario. En 1973, los miembros asociados ascienden a 169. En 1975, Fedecamaras hace un intento serio de adaptarse a las nuevas condiciones de regionalización que se abrían en el país: se reformula su estructura interna, el Directorio Ejecutivo del organismo está representado por 32 personas que a su vez representan 11 actividades económicas fundamentales (agricultura, banca, comercio, construcción, ganadería, industria, medios de comunicación social, minería, energía, seguros y transporte). A la provincia se le asigna un miembro en el Directorio por cada una de las actividades de ganadería, comercio, agricultura e industria, y un representante por cada una de las 6 zonas en que se divide Fedecamaras. Como órgano superior está el Consejo Nacional, integrado por un representante principal y un suplente de cada una de las cámaras y asociaciones afiliadas. La máxima autoridad es la Asamblea, donde se consagran los lincamientos fundamentales de la doctrina de la organización. Las fricciones que se produjeron en 1963 en Barcelona fueron superadas 20 años después en Caracas, cuando se realizó la llamada Asamblea de la Unidad, a pesar del pluralismo y variedad de intereses. Esta Asamblea se dio en el inicio de una de las crisis económicas más graves vividas en el país, situación que exigía una Fedecamaras unida, organizada, fuerte, ante la crisis que tendía a profundizarse. El avance del proceso de regionalización obligó una vez más a estudiar la estructura interna de la organización: se crean entonces los consejos regionales. En esta asamblea estaban representadas 266 cámaras y asociaciones. Para 1989 pasaban de 289 los organismos afiliados. A partir de 1989 con el gobierno de Carlos Andrés Pérez se abre un nuevo período para el país y para Fedecamaras, al implementarse un programa económico que la historia de Venezuela recordará como el Paquete Neoliberal. Los cambios se dan con rapidez: se restituyen las garantías económicas tan reclamadas por Fedecamaras en su Asamblea de Mérida en 1962, se lleva a cabo una política de privatizaciones de empresas estatales; se acrecienta la deuda pública externa; se estrechan las relaciones del Estado venezolano con organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI; el país se inserta, violentamente, en el esquema de globalización de mercados; se libera el comercio de barreras proteccionistas; se liberan definitivamente los precios de los productos; se eliminan los subsidios estatales; se aumenta el precio de la gasolina; en fin, se puso en práctica un conjunto de medidas que van a obligar a Fedecamaras a asumir un papel protagónico de primer orden como organización patronal en defensa de la política neoliberal. Pero esa política va a producir una aguda crisis social: acrecienta, aceleradamente, la pobreza crítica en densos sectores populares; quiebran medianas y pequeñas empresas; agobia a los productores del campo; desmejora el nivel de vida de la clase media y en fin produce un elevado costo social que se traduce en la resistencia nacional, manifestada en la insurrección popular del 27 y 28 de febrero de 1989, las sublevaciones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, la huelga general promovida por la CTV contra el «paquete». Se produce, además, un gran debate nacional en torno a la reforma de la Ley del Trabajo, la cual con una marcada tendencia antiliberal, es finalmente aprobada. Por otra parte se suscitan pugnas entre el sector industrial y el sector comercial en relación a las políticas gubernamentales. Todos estos hechos llevaron a la organización cúpula de los empresarios a plantear la necesidad de ampliar el piso político del régimen para poder continuar con las medidas económicas. En tal sentido se hacen llamados a mantener la unidad gremial en medio de las diferencias intersectoriales que la política económica generaba. La cuestión de la seguridad social (Fedecamaras se retiró del Seguro Social Obligatorio) y de las prestaciones sociales de los trabajadores (Fedecamaras insiste en la irretroactividad), asuntos consustanciales y decisivos para el mantenimiento de las medidas neoliberales, escindieron las posiciones sindicales y patronales, se volvieron irreductibles y se resquebrajó el acuerdo de paz laboral que se mantuvo durante años. Paralelamente a esta crisis, avanza el proceso de descentralización: se eligen democráticamente los gobernadores de Estado, se acentúa la tendencia hacia el desarrollo regional; se van federalizando las decisiones políticas, administrativas y económicas; todo lo cual obliga, una vez más, a Fedecamaras a adaptar su estructura interna a esas nuevas exigencias. Se crean entonces los consejos de coordinación empresarial de los estados, los directores zonales y la Comisión de Desarrollo Regional. Se sigue avanzando en ese sentido, y para julio de 1993 son superados o desechados estos consejos de coordinación y los respectivos delegados zonales, y se tiende a la creación de las federaciones empresariales por estado cuyos presidentes son miembros naturales del Directorio nacional de Fedecamaras. Se plantea un nuevo tipo de organización empresarial: la confederación, para adaptarla como organización patronal al desarrollo confederativo del sector sindical ejemplificado en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con sus respectivas federaciones de trabajadores estatales. Han sido unos cuantos años los dedicados a buscar y perfilar una identidad gremial patronal que armonice los intereses de sus miembros componentes y los defienda ante los poderes públicos y los sectores sindicales, motorizando el desarrollo nacional y fortaleciendo con su presencia activa el sistema de democracia representativa. Esto ha sucedido, confirmando la constante histórica de las organizaciones patronales en Venezuela, de asumir a plenitud su papel frente a las decisiones del Estado, de autonomizar su perfil, sobre todo en materias que incumben a sus intereses gremiales. Así, pues, en su largo proceso histórico, las organizaciones patronales se han ocupado de la defensa de sus intereses como también han creado riquezas para el país e impulsado el progreso hasta donde lo han permitido sus propias fuerzas.

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