11.2.1913
Documento protocolar firmado en Caracas entre el canciller -José Ladislao Andara- y el ministro plenipotenciario -Louis Jean Levesque D'Avril- en representación del gobierno francés, acerca del pago de las reclamaciones francesas posteriores a 1903 y el subsiguiente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y cuya aprobación sirvió de pretexto para provocar una importante crisis política interna. A raíz del enfrentamiento ocurrido en enero de 1906, con motivo de las reclamaciones presentadas por la Compañía Francesa de Cables Telegráficos, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Francia habían quedado interrumpidas. Al asumir Juan Vicente Gómez el poder tras la caída de Cipriano Castro, en diciembre de 1908, fueron tomadas las primeras medidas para volver a una situación de normalidad. Para 1911, y probablemente en razón de las negociaciones llevadas a cabo en Francia por el general Román Delgado Chalbaud, un texto de protocolo presentado por el gobierno francés había sido sometido a la consideración de la Cancillería venezolana; pero la cancelación de los proyectos financieros de Delgado Chalbaud, vinculados al llamado «caso de Bolo Pachá», aplazó por 2 años más la resolución del problema. El Protocolo Venezolano-Francés, firmado el 11 de febrero de 1913, sancionaba en primer lugar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Francia y Venezuela; en segundo lugar, en un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de la firma del protocolo, el gobierno francés sometería a la consideración del gobierno y de los tribunales venezolanos la lista de todas las reclamaciones originadas en actos posteriores al 30 de junio de 1903. Se le reconocía, además, al gobierno francés el derecho de someter a una Comisión Arbitral el caso de las sentencias dictadas por tribunales venezolanos contra las cuales creyera este poder alegar objeciones; al mismo tiempo, aquellas reclamaciones sobre las cuales los tribunales venezolanos no hubiesen dictado sentencia en un plazo de 15 meses serían, de igual manera, sometidas a una Comisión Arbitral. Las indemnizaciones reconocidas serían entregadas al gobierno francés, en oro, o en moneda equivalente, en un plazo no mayor de un año; mientras el gobierno venezolano confirmaba sus obligaciones en cuanto al servicio de la llamada «Deuda Diplomática Francesa». Finalmente, quedaba estipulado que el Protocolo debía ser ratificado, a más tardar, el 15 de junio de 1913.
Según lo pautado en la Constitución vigente de 1909, el Consejo de Gobierno debía emitir su voto consultivo para configurar, junto con el presidente de la República, la voluntad soberana del Estado venezolano en ese asunto. Para entonces, integraban dicho consejo los generales José Ignacio Pulido, Alejandro Ibarra, Juan Pablo Peñaloza, Nicolás Rolando, José María Ortega Martínez, Ramón Guerra, Francisco Tosta García, Leopoldo Baptista, Mariano García y Ramón Ayala, quienes empezaban ya a distanciarse en términos políticos del régimen gomecista, particularmente después de la crisis de 1910-1911, cuyo resultado había sido la ruptura entre Gómez y el general José Manuel Hernández, el Mocho, así como la salida de Leopoldo Baptista del gabinete ejecutivo. El texto del Protocolo Venezolano-Francés le fue sometido al Consejo de Gobierno el día 10 de marzo de 1913, pero de inmediato su presidente -el general José Ignacio Pulido- se hizo vocero de una resolución mayoritaria a través de la cual dicho cuerpo, por considerar que el Protocolo debía de haber sido sometido a su Consideración previamente y no a posteriori, se negaba a emitir el voto solicitado al respecto. Ante esta situación, la Cancillería le pidió entonces al procurador general, Pedro Manuel Arcaya, llevar el asunto ante la Corte Federal y de Casación, solicitando que se declarase «ilegal e infundada la controversia que ha suscitado el Consejo de Gobierno y que, por tanto, este Cuerpo está en la obligación de emitir el voto consultivo que se le ha exigido». Fechada el 28 de marzo, la solicitud fue contestada al día siguiente por el alto tribunal, el cual falló en favor del procurador, alegando que el voto del Consejo había sido solicitado en fecha oportuna, puesto que el Protocolo no se había convertido en ley de la República por no haber recibido aún la aprobación del Congreso. La Corte ordenaba entonces al Consejo de Gobierno cumplir con la disposición constitucional respectiva. Obedeciendo la decisión de la Corte, el Consejo nombró una Comisión Especial para estudiar el Protocolo. Dicha comisión, integrada por Juan Pablo Peñaloza y Leopoldo Baptista y presidida por Alejandro Ibarra, produjo un informe donde se criticaban las «fórmulas deprimentes» del acuerdo suscrito con el gobierno francés:«I) Que el Gobierno francés se sustituye a sus nacionales en asuntos que han de ser ventilados entre éstos y Venezuela ante nuestros Tribunales; 2) Que se fijen plazos perentorios para que nuestros Tribunales juzguen y sentencien; 3) Que Venezuela gestione los asuntos de los reclamantes contra ella; 4) Que se prescriba previamente a la Nación el modo y forma de pago de las indemnizaciones que resulten; y, finalmente, que los reclamantes franceses puedan en todos los casos apelar por intermedio del Gobierno francés a una Comisión Arbitral». Convocado ante el Consejo de Gobierno para informar respecto del Protocolo y al interrogársele acerca de a cuánto ascendían en conjunto las reclamaciones francesas consideradas, el canciller Andara admitió que el Gobierno «no tenía conocimiento de la suma a que alcanzarían». En consecuencia, el 1 de abril de 1913, el Consejo notificó el voto negativo de la mayoría de sus miembros al proyecto de Protocolo.
El voto negativo del Consejo de Gobierno provocó un intenso debate sobre el Protocolo Venezolano-Francés y desató una crisis política que ya sobrepasaba el asunto de un arreglo diplomático entre Venezuela y Francia. En realidad, el Consejo de Gobierno ponía de manifiesto su oposición, compartida por diversos sectores de la vida nacional, a las maniobras continuistas de Juan Vicente Gómez, cuyo período presidencial -no renovable según los términos de la Constitución vigente- estaba por terminarse. El asunto del Protocolo Venezolano-Francés, en palabras de José Rafael Pocaterra, no fue sino «un pretexto para combatir la usurpación». El Ejecutivo, a su vez, inició una campaña de intimidación en contra del Consejo de Gobierno. Fueron cercadas por la policía las casas de los consejeros que habían estado en contra del Protocolo. Se trató de aprovechar la renovación estatutaria de la Mesa Directiva del cuerpo para reemplazar sus integrantes por reconocidos adeptos de la Causa Rehabilitadora. Pero la deliberada inasistencia de los consejeros Ramón Guerra y Mariano García, impedía el logro del quórum reglamentario para poder proceder a la elección de una nueva directiva. Mientras tanto, el texto del Protocolo había sido sometido a la aprobación conjunta de las Cámaras Legislativas. Del 2 al 10 de mayo de 1913, una minoría de opositores, destacándose, entre ellos, los diputados José Eustaquio Machado, Trino Baptista y Ramón Ayala, intentaría batirse contra una «agresiva mayoría», liderada por Francisco González Guinán, José Antonio Tagliaferro y sobre todo José Gil Fortoul, quien actuó como el verdadero orientador del debate, logrando la aprobación final del Protocolo el día 10 de mayo. Paralelamente con la discusión del Protocolo en el Congreso, la crisis del Consejo de Gobierno llegó a su culminación. Ante la imposibilidad de cumplir -debido a la falta de quórum- con la elección de la Mesa Directiva de dicho cuerpo para un nuevo período, el 17 de mayo, el Congreso procedió a modificar el texto de la Ley Orgánica del Consejo de Gobierno, dictada el 11 de junio de 1911, para autorizar la convocatoria de los respectivos miembros suplentes. De esta manera, el 3 de junio de 1913, un nuevo Consejo de Gobierno iniciaba sus actividades, presidido por el propio Gil Fortoul, quien se convertía así automáticamente en vicepresidente de la República y figura clave del proceso eleccionario que se avecinaba. El mismo 17 de mayo de 1913, el gobierno debelaba una vasta conspiración encabezada por el general Román Delgado Chalbaud -quien fue reducido a prisión- y en la cual se encontraban involucrados varios de los antiguos miembros del Consejo de Gobierno, así como varios de los diputados que habían votado en contra del proyecto de Protocolo. Estos, en su mayoría, lograron escapar y tomar el camino del exilio. La discusión del Protocolo Venezolano-Francés de 1913 marcó el final de la llamada «luna de miel» del gomecismo y fue una de las etapas del proceso de consolidación en el poder de Juan Vicente Gómez. En realidad, como se comprobó posteriormente, la mayoría de las reclamaciones presentadas por el gobierno francés carecían de fundamento. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, precipitó un arreglo definitivo en ese sentido. Mediante una transacción de Bs. 3.000.000, Venezuela quedaba libre de toda obligación que proviniese o pudiera originarse de esas reclamaciones.
Temas relacionados: Apéndice núm. 10; Gómez, Juan Vicente, gobierno de; Reclamaciones extranjeras.