Gobierno formado con el propósito de completar el período constitucional 1989-1994, luego que el 20 de mayo de 1993 el Congreso de la República, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia y de acuerdo con el artículo 150, atribución 8ª de la Constitución Nacional, suspendiera a Carlos Andrés Pérez de su cargo de presidente de la República. Por haber transcurrido para aquella fecha más de la mitad del período de ejercicio de Pérez, y a tenor de lo establecido en el artículo 180 de la Ley Fundamental para ese caso, la designación de Ramón J. Velásquez como presidente de la República fue hecha también por el Poder Legislativo Nacional, en sesión conjunta de sus cámaras del 4 de junio de 1993. La juramentación del nuevo presidente tuvo lugar el 5 de junio y con ese acto se completó un proceso absolutamente desconocido en la historia republicana de Venezuela: el de la interrupción del mandato de un gobernante electo por votación universal, directa y secreta para ser sometido a un proceso judicial y su sustitución por un nuevo jefe de Estado resultante de una elección parlamentaria. El gobierno de Ramón J. Velásquez se desenvolvió en circunstancias de grave crisis general del país, cubriendo los 8 meses finales de un quinquenio en cuyo curso se produjo un acentuado deterioro de la economía nacional y de las condiciones de vida de los ciudadanos, un incremento notable de la inseguridad personal por el auge de la delincuencia, un aumento igualmente notable de la corrupción y 3 hechos resultantes de esa situación: el estallido social iniciado el 27 de febrero de 1989 y los alzamientos militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992.

Dentro de ese cuadro crítico, la suspensión de Pérez y la asunción a la presidencia de la República de Velásquez fueron apreciadas en general como un logro del país ante quienes hacían un manejo incorrecto de la función pública, dando lugar a la atenuación de las tensiones sociales y generando expectativas de cambio en diversos sectores de la población. En relación con este último aspecto, Velásquez fue enfático al señalar en el acto de su juramentación -y en muchas oportunidades posteriores- que el lapso de su mandato era muy breve y, por tanto, no cabía pensar en acciones de fondo para atacar los serios problemas afrontados por el país, y que se planteaba como propósitos esenciales, por una parte, llevar a Venezuela a la cabal realización de las elecciones convocadas para el 5 de diciembre de 1993 con el objeto de escoger el presidente de la República y los senadores y diputados, y por la otra, trabajar por la concertación de un gran acuerdo nacional que sentara las bases para la solución de la crisis a partir del nuevo período constitucional 1994-1999. El primero de dichos propósitos fue logrado no obstante las dificultades que se mencionarán más adelante, resultando electo el 5 de diciembre de 1993 como presidente de la República Rafael Caldera y escogiendo el voto popular un nuevo Congreso de la República cuya integración varió sustancialmente con respecto a la que había caracterizado a la institución parlamentaria en los últimos 4 períodos constitucionales. En cuanto al gran acuerdo nacional, este propósito no pudo ser concretado. Se trataba de coordinar planes y establecer normas para una acción coherente frente a la crisis económica entre gobierno, empresarios, trabajadores y la sociedad civil. Entre el 15 de junio y el 30 de noviembre se celebraron en el Palacio de Miradores numerosas reuniones con diversos sectores de la economía nacional, grupos representativos de la Iglesia, universidades, etc., mostrando todos receptividad y apoyo a la consecución del acuerdo, pero este proyecto fracasó frente a la reticencia de figuras y organizaciones políticas cuya adhesión era indispensable. En rigor, junto a la brevedad del lapso de gestión que correspondió a este gobierno, otros factores contribuyeron a limitar su capacidad de acción y aun a crearle trabas. Uno de esos factores fue precisamente la carencia de respaldo político sólido, ya que los partidos más importantes durante aquel lapso, luego de promover la designación de Velásquez por el Congreso, no aceptaron formar parte de su equipo de gobierno y, por ende, no asumieron responsabilidad respecto a la actuación de este, el cual quedó integrado por personalidades políticamente independientes. Otro factor, vinculado al anterior, fue el de la dualidad de poderes que de hecho existió hasta el 15 de agosto de 1993, fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia determinó definitivamente que sí había méritos suficientes para someter a juicio a Carlos Andrés Pérez, ya que este continuó influyendo en el gobierno, no obstante encontrarse suspendido, y con el visto bueno de importantes grupos de su propio partido. Un tercer factor fue la brevedad de su período de gobierno, ya que después del 5 de diciembre, una vez electo presidente Rafael Caldera y faltando apenas 2 meses para que este tomara posesión, al gobierno solo le quedó la alternativa de preparar la transmisión de mando con las comisiones de enlace del nuevo mandatario. A pesar de los factores señalados, el gobierno de Velásquez realizó diversas acciones y alcanzó varios logros fundamentales. Uno de los más significativos se produjo en el área de la descentralización política y administrativa. En efecto, por considerar que dicha descentralización es fundamental para asegurar el armónico desarrollo de las regiones, y tomando en cuenta que después de la promulgación de las leyes para la elección directa de los gobernadores de los estados y referente a la transferencia de atribuciones del poder nacional al de los estados, no se había legislado sobre la materia, el 7 de junio el presidente Velásquez decretó la creación del Ministerio de Estado para la Descentralización. Una de las atribuciones principales del nuevo despacho ministerial fue poner en ejecución las 2 leyes citadas y reglamentarlas con el objeto de convertir el proceso descentralizador en una política respecto a cuya ejecución el gobierno nacional y la Administración Pública Nacional estuvieran permanentemente comprometidos. El ministerio creó los mecanismos necesarios para la realización de esos propósitos y, en tal sentido, fundó el Consejo Territorial de Gobierno que integraron el presidente de la República, los ministros y gobernadores, convirtiéndolo además en un organismo permanente en busca de soluciones comunes de gobierno; estableció el Consejo Nacional de Alcaldes y también el Consejo de Alcaldes de los Municipios del Área Metropolitana y realizó los primeros convenios de transferencia de competencia concurrentes con los estados Bolívar, Aragua, Carabobo y Anzoátegui. En ejecución de la Ley Habilitante que le había sido otorgada por el Congreso Nacional, el gobierno también dictó el Decreto-Ley número 3.265 -del 25 de noviembre de 1993- que estableció los mecanismos de participación de los estados y municipios en el impuesto al valor agregado (IVA) y creó el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE), organismo receptor de esos recursos del Tesoro Nacional para luego destinarlos a estados y municipios a fin de financiar las transferencias efectivas de competencias. Otras acciones y logros relevantes tuvieron lugar en el área financiera y económica. En tal sentido, un instrumento fundamental para buscar soluciones a la crisis fiscal y económica por la que atravesaba Venezuela fue la Ley Habilitante que el Congreso Nacional le otorgó al gobierno del presidente Velásquez el 23 de agosto de 1993, autorizándolo a estudiar y promulgar mediante decretos-leyes un conjunto de instrumentos legales en materia de reforma fiscal y financiera que permanecían desde 1989 en el Parlamento sin ser debatidos. En cumplimiento de ese mandato, el gobierno dictó un conjunto de decretos-leyes relativos a: 1) el establecimiento del impuesto al valor agregado (IVA) y un impuesto a los activos empresariales como medio de diversificar y fortalecer el sistema tributario; 2) la reforma de la Ley de Timbre Fiscal; 3) la Ley de Arancel Judicial; 4) la Ley de Registro Público; 5) la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta para crear una estructura tributaria dirigida a las empresas petroleras establecidas en el país mediante convenios de asociación; 6) la Ley General de Bancos y otros institutos financieros, y 7) las reformas a las leyes del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, la Ley de Política Habitacional y la Ley del Deudor Hipotecario. En materia internacional, el gobierno mantuvo una intensa actividad en el campo de la integración latinoamericana y se hizo presente en las reuniones del Pacto Andino, del Grupo de los Tres (G-3) y en el acuerdo celebrado entre las naciones del Caribe (Caricom) y el G-3 (México, Venezuela y Colombia). Junto con los problemas políticos que afrontó y los logros diversos obtenidos, el gobierno de Velásquez debió actuar frente a una situación muy especial que agravó notoriamente el cuadro de crisis general del país: el colapso del sistema financiero venezolano, básicamente generado por el manejo irregular que varios banqueros dieron a los fondos depositados en las instituciones que dirigían. Como hecho más relevante dentro de la situación mencionada, en enero de 1994 el gobierno intervino el Banco Latino, institución financiera acusada de incurrir en delito en detrimento de sus depositantes y en otras violaciones a las leyes. Tuvo lugar durante su gestión un hecho fuera de lo común, cuyo desarrollo conmocionó a la opinión pública en el momento, creando una ola de rumores que tuvo amplia cobertura en los medios de comunicación, pero que no incidió finalmente de manera negativa en la actuación del presidente Velásquez y de su gobierno. En julio de 1993, al mes de iniciar su ejercicio, se desató una serie de atentados con bombas en distintos sitios públicos de Caracas, los cuales pudieron ser detenidos como resultado de una intensa investigación, de la cual se concluyó que esa acción fue adelantada por personas que perseguían lograr beneficios económicos y no políticos. Los autores de tales sucesos fueron detenidos y encausados.